La transición en Colombia se convirtió en crisis. Petro anunció el 6 de julio que no reconoce a De la Espriella como su sucesor y acusó, un fraude vía algoritmos operados desde Los Ángeles por la empresa Thomas Greg and Sons, con apoyo de firmas israelíes. Convocó movilizaciones para el 20 de julio, Día de la Independencia.
De la Espriella respondió el 7 de julio suspendiendo el proceso de empalme y acusando a Petro de orquestar un “golpe de Estado” para mantenerse en el poder. Pidió de forma pública a las Fuerzas Armadas colombianas que no acaten ninguna orden contraria a la Constitución. El procurador general Gregorio Eljach dejó claro que los cuestionamientos del mandatario saliente no tienen incidencia jurídica: De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto según lo establece la ley.
Las misiones de observación de la Unión Europea y del Centro Carter avalaron el proceso electoral y descartaron cualquier tipo de manipulación en el balotaje del 21 de junio. Petro, sin embargo, insistió en que el sistema informático empleado durante el escrutinio “utilizó algoritmos que variaron la votación”. El propio senador Cepeda ya había reconocido el resultado el 30 de junio, lo que aumentó el aislamiento de Petro en su propia bancada.
Petro aclaró más tarde que sí entregará el poder, pues dice ser “un demócrata que respeta la Constitución”. De la Espriella ya anunció que su gobierno llevará ante la justicia los hallazgos del empalme y no descartó buscar la extradición de Petro una vez asuma el cargo. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, respaldó al presidente electo. Trump calificó a Petro de “líder del narcotráfico” y amenazó con suspender la ayuda a Colombia.
