El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dejó sin efectos las autorizaciones de los proyectos de instalación de solares Ticul A y Ticul B, un proyecto energético que ponía en riesgo la biodiversidad de la región y que se autorizó sin consultar a las comunidades de San José Tipcéh y Plan Chac, Yucatán. Esta sentencia confirma el compromiso de las autoridades por hacer justicia en la lucha de los pueblos por los recursos naturales de sus comunidades.
Los proyectos Ticul A y Ticul B consistían en la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares fotovoltaicos, en una extensión de 603 hectáreas donde la selva maya sería destruida. El megaproyecto de energías renovables pretendía funcionar en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, duramente al menos 40 años, pero las comunidades denunciaron irregularidades en el modo en que se autorizó el proyecto, desde el dudoso proceso de dictamen de impacto ambiental hasta la nula consulta de las comunidades que resultarían directamente afectadas. En 2019, las comunidades de San José Tipcéh (municipio de Muna) y Plan Chac (municipio de Sacalum) iniciaron una batalla legal para defender la selva y a las comunidades indígenas.
El fundamento de la autorización irregular de los megaproyectos está en la reforma energética de 2013, que designó a la Península de Yucatán como un espacio apto para el desarrollo de megaproyectos de energías renovables sin realizar ningún estudio de impacto ambiental ni consultar a las comunidades. En su acompañamiento legal a las comunidades, el CEMDA denunció que el estudio ambiental para Ticul A y Ticul B fragmentaba los impactos por haberse realizado por separado. Entre las afectaciones estaban fragmentación del ecosistema, interrupción de servicios ambientales, afectación directa a la supervivencia de especies como murciélagos, abejas y otras bajo protección, afectaciones al suministro de agua y a la recuperación natural de los acuíferos, así como un aumento de la temporada local y la desprotección ante eventos climáticos como huracanes.
La batalla legal de más de siete años tuvo momentos importantes, como la interrupción de las obras de construcción en 2019. Luego, en 2023, un Tribunal Colegiado falló a favor de las comunidades y dejó sin efectos las autorizaciones. En 2025, un Tribunal Colegiado emitió la sentencia que ampara a las comunidades. Y en abril de este año, la SEMARNAT emitió la sentencia final que impide la realización de los megaproyectos y protege a comunidades y medio ambiente de la destrucción.
De acuerdo con el CEMDA, esta sentencia sienta un precedente en la defensa de la naturaleza y del territorio de comunidades indígenas porque pone de manifiesto que la búsqueda de diversificar las fuentes de energía por métodos más sustentables, no está por encima de la protección ambiental de los lugares donde se desarrollan dichos proyectos. “La transición energética y los proyectos de energías renovables deben tomar en cuenta a las comunidades y realizarse respetando el territorio y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, asegura el CEMDA en comunicado de prensa.
Con información de CEMDA, A.C. y Contrapunto.
