El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) exigió al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el refuerzo urgente de la presencia militar y de la Guardia Nacional en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. La demanda se da en el contexto de los ataques que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos inició el 6 de mayo contra las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, dejando un saldo de al menos tres integrantes del CIPOG-EZ asesinados, dos desaparecidos y más de dos mil personas desplazadas.
Los ataques se realizaron con armas de fuego y explosivos lanzados con drones. Las mujeres y niños de las comunidades pasaron la primera noche huyendo hacia los cerros. El gobierno federal tardó seis días en desplazar fuerzas al territorio; la secretaria Rosa Icela Rodríguez visitó Alcozacán el 12 de mayo. Las cifras de desplazados también generaron controversia: el gobierno manejó inicialmente 96 casos, mientras el CIPOG-EZ y el Congreso Nacional Indígena documentaron más de dos mil.
El 12 de mayo, García Harfuch declaró que el CIPOG-EZ, Los Ardillos y Los Tlacos “forman parte de la delincuencia organizada”. El CIPOG-EZ rechazó categóricamente esa caracterización y la calificó de “criminalización de los pueblos que defienden su territorio”. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan respaldó la posición del consejo y denunció que los pobladores no veían mayor vigilancia pese a los anuncios oficiales de despliegue. La Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) señaló vínculos entre Los Ardillos y empresas mineras con intereses en la zona.
El CIPOG-EZ lleva más de diez años solicitando la instalación de retenes y Bases de Operaciones Interinstitucionales sin respuesta gubernamental. La organización es parte del Congreso Nacional Indígena y opera su propia Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC-PF). El caso de Chilapa se ha vuelto referente en el debate sobre la autonomía indígena y la seguridad comunitaria en la Montaña Baja de Guerrero, región donde el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda también es cuestionada por su respuesta ante la crisis.
