El gobernador de Nuevo León, Samuel García , rechazó las acusaciones que la dirigencia estatal de Morena presentó el 26 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario calificó la denuncia de “montaje político” y sostuvo que ni él ni su despacho privado reciben recursos del gobierno estatal. Al cierre de esta nota, ninguna autoridad judicial ha imputado formalmente cargos contra García ni contra su esposa, Mariana Rodríguez Cantú.
La denuncia de Morena, encabezada por la presidenta estatal Anabel Alcocer Cruz, señala una presunta triangulación de más de mil 400 millones de pesos desde proveedores del gobierno hacia la Firma Jurídica Fiscal y Abogados, despacho vinculado al gobernador y a su padre. Estados de cuenta bancarios publicados por Grupo Reforma y El Norte muestran transferencias entre proveedores y el despacho en periodos de dos a tres horas, documentación que contradice la versión del mandatario.
La presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de no intervención directa: “Si se tiene que investigar, pues que se investigue”, declaró. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que rastreará la trazabilidad financiera de los montos señalados. Morena exige además que García solicite licencia para separarse del cargo durante la investigación. El delito de peculado puede acarrear hasta 14 años de prisión más destitución y reparación del daño al erario.
El caso se convierte en el primer frente de desgaste abierto contra Movimiento Ciudadano de cara a 2027, cuando Nuevo León renovará gubernatura. Samuel García figura como posible aspirante presidencial de MC para 2030. La denuncia ocurre en el contexto de la ratificación de la coalición Morena-PVEM-PT y la búsqueda del partido por deslegitimar a la oposición antes del inicio formal del proceso electoral.
