La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 8 de abril una estrategia energética que abre la puerta a la fractura hidráulica para extraer gas de yacimientos no convencionales, sin pronunciar en ningún momento la palabra fracking. La mandataria utilizó en cambio la expresión explotación sustentable, y planteó el dilema en voz alta: explotar el gas no convencional da más soberanía energética, pero tiene impactos ambientales. El anuncio contrasta con la postura que sostuvo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que mantuvo la técnica fuera de la agenda energética durante todo el sexenio, aunque sin reformar la ley para prohibirla formalmente. La propia Sheinbaum declaró en 2024 que no habría fracking en su gobierno; el 8 de abril, esa línea se corrió.
El argumento central que sostiene el viraje es geopolítico: la dependencia del gas importado expone a México a los mismos riesgos que Europa enfrentó con el gas ruso durante la guerra en Ucrania, o que el mundo entero vive hoy ante el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sheinbaum señaló además una paradoja que el debate interno suele ignorar: todo el gas que importamos viene de un tipo de explotación que tiene impactos ambientales y está a 100 metros de la frontera, dijo en referencia directa a los campos de fracking en Texas. México es el mayor comprador de gas estadounidense del mundo y ya depende indirectamente de la técnica que el discurso oficial ha cuestionado por años. La decisión sobre si explotar los yacimientos propios no cambia esa realidad energética; solo cambia quién extrae el gas y dónde ocurren sus consecuencias ambientales.
Para resolver el debate, el gobierno convocará a un Comité Científico integrado por especialistas de la UNAM, el IPN y otros institutos de investigación, que se presentará públicamente la semana próxima y tendrá dos meses para dictaminar si existen tecnologías de extracción con impacto ambiental reducido: menor consumo de agua potable, uso de sustancias biodegradables y reciclaje de aguas residuales en el proceso. Especialistas independientes han señalado que la estrategia enfrenta una tensión de fondo: expandir los hidrocarburos no convencionales al mismo tiempo que se busca elevar la participación de energías renovables del 24 al 38 por ciento para 2030 son objetivos que compiten por inversión y política pública. El comité determinará si esa tensión tiene salida técnica o si el país deberá elegir entre soberanía energética inmediata y transición climática de largo plazo.
