La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 41, Fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para agregar una cláusula de nulidad de elecciones por motivo de intervención extranjera. Con 307 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención, las y los diputados federales aprobaron la reforma, que irá a los Congresos locales para su ratificación; necesita la aprobación de 17 estados para ser oficializada.
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este viernes 29 de mayo, mediante mayoría calificada, la iniciativa surgida del coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, que añade la intervención o injerencia extranjera como causal para declarar nulos los resultados de procesos electorales. De acuerdo con Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa aprobada tiene un profundo carácter democrático y patriótico: “se trata de garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos disfrazados de asociación civil, de opinión pública o de supuesta democracia”.
Entre las objeciones a su aprobación, se encuentran la acusación de Carolina Viggiano, del PRI, de que esta nueva causa puede ser usada por el Partido en el poder para no reconocer derrotas electorales. En esta misma línea, la panista Guadalupe Murguía advirtió que la redacción de la reforma es ambigua, lo que permite su uso a discreción, y supone una potencial amenaza a la libertad de expresión de los organismos internacionales.
La bancada morenista y sus aliados sostuvieron que el riesgo de una intervención extranjera es real, pues está comprobada la injerencia estadounidense, por ejemplo, en el gobierno de Argentina, patrocinado por Donald Trump. Juan Carlos Loera de la Rosa además citó los casos de las empresas extranjeras, como Odebrecht, en las campañas de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox Quesada, ex presidentes de México.
De ser aprobada por los 17 congresos estatales necesarios, la reforma no aplicará a los comicios de 2027, sino hasta las elecciones de 2030, cuando se elija al nuevo presidente de México.
