El Senado de la República aprobó por unanimidad el 14 de abril la reforma constitucional para crear la Ley General de Feminicidio. Los 109 senadores presentes votaron a favor, de todos los partidos: Morena, PT, PVEM, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La minuta pasa ahora a la Cámara de Diputados.
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución y responde a un problema estructural: México tiene 33 códigos penales, uno por cada entidad y el federal, lo que significa que el feminicidio se investiga y se sanciona de forma distinta según el estado donde ocurre. En algunos lugares las penas llegan a 70 años; en otros son menores. Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres en el país, y solo 6 mil 781 fueron investigados bajo la figura de feminicidio.
Con la reforma aprobada el Congreso tendrá 180 días para expedir la ley. Esta deberá unificar la tipificación del delito, homologar penas de entre 40 y 70 años de prisión, establecer protocolos de investigación con perspectiva de género y obligar a investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio. También contempla atención a niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio.
La oposición votó a favor pero advirtió que la ley será letra muerta sin presupuesto. La senadora de MC Alejandra Barrales fue directa: “Se requiere algo más profundo: que sea acompañada de recursos presupuestales porque, de lo contrario, es solamente letra muerta.” La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, calificó la aprobación como un paso histórico. El gobierno informó además que los feminicidios cayeron 14.9 por ciento en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025.
