Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sostuvo una conversación con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, en la que reiteró la postura oficial de la CNDH ante los resultados presentados en el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. En el marco del encuentro del enviado de la ONU con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Presidenta de la CNDH entregó en mano al Alto Comisionado la carta enviada el pasado 8 de abril a su oficina.
Según un comunicado emitido por la CNDH el pasado 22 de abril, las diferencias de este organismo autónomo con el CED radican en la conceptualización de “violencia política de Estado” y “desaparición forzada”, así como una nula diferenciación entre las desapariciones perpetradas por el Estado y por el crimen organizado que opera en México. “Se lo está diciendo quien conoció y padeció esa violencia política de ese Estado autoritario que duró varias décadas”, dijo Piedra Ibarra, de acuerdo con el relato presentado en el comunicado, en el que la Presidenta de la CNDH criticó que en todos los años desde su establecimiento, el CED no haya señalado al Estado Mexicano, sino hasta que sus gobiernos emplean acciones al respecto de la crisis de desapariciones.
La postura oficial defendida por la Presidenta de la CNDH “no limita su vocación [de la Comisión] de diálogo y su compromiso con la cooperación internacional, que practica y valora como una herramienta de apoyo para potenciar los esfuerzos nacionales de fortalecimiento a los derechos humanos”, dice el comunicado. Además de la carta, que se publicó íntegra en redes sociales de la CNDH, Piedra Ibarra entregó a Türk su informe de labores de 2025 y un informe sobre Violencia Política de Estado en el periodo 1951-1990.
En la carta al Alto Comisionado, fechada el 8 de abril, la CNDH resalta que la defensa de los derechos humanos en México emana de la soberanía nacional, y expresa preocupación ante la decisión del CED de llevar a la Asamblea General de la ONU el “caso mexicano”, pues lo cataloga como el regreso de prácticas injerencistas, de desinformación y desestabilización ejercidas por los organismos internacionales contra México y Latinoamérica durante todo el siglo XX.
