La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada del domingo, con dos tercios de los votos y tras casi 14 horas de debate, la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. La votación se realizó a las 00:05 horas y siguió al visto bueno que el Senado había dado el 4 de junio. La norma de 27 artículos desarrolla el artículo 139 de la Constitución y establece el marco legal bajo el cual el presidente Rodrigo Paz podría declarar una medida extraordinaria ante el agravamiento de la crisis.

Bolivia lleva más de 37 días de bloqueos de carreteras convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) con una exigencia central: la renuncia del presidente Paz. La Paz y El Alto mantienen acceso restringido y padecen escasez de combustibles, alimentos y medicamentos. El 6 de junio, la policía despejó un bloqueo en San Julián, Santa Cruz, en una operación que derivó en enfrentamientos con manifestantes. La nueva ley no obliga al presidente a declarar el estado de excepción; le proporciona el marco legal para hacerlo si lo decide.

La legislación fija una vigencia máxima de 90 días prorrogables únicamente con autorización de la Asamblea Legislativa, que deberá ser convocada en un plazo de 24 horas tras la declaratoria y tendrá 72 horas para pronunciarse. Autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y protege un núcleo de derechos que no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia. Analistas han señalado que la nueva norma es más permisiva que la Ley N° 1341 de 2020, abrogada once días antes de esta aprobación: permite plazos más largos, renovaciones más sencillas y establece menores consecuencias para quienes ejecuten las órdenes.

El presidente Paz ha insistido en que su prioridad es el diálogo y descartó por ahora activar la medida. “La Paz y El Alto empiezan a registrar avances concretos fruto del trabajo y del diálogo”, escribió en redes sociales al reportar la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40 mil bombonas de gas a la región. El 4 de junio, el gobierno de Estados Unidos reiteró su respaldo a Paz y advirtió contra cualquier intento de derrocar su administración. La oposición y las organizaciones sociales movilizadas consideran la ley un instrumento para criminalizar la protesta.