Con 467 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el 21 de abril la reforma constitucional al artículo 73 que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general de feminicidio aplicable en todo el territorio nacional. La reforma cierra una disparidad histórica: hasta ahora, cada entidad tenía su propio tipo penal, con criterios distintos de investigación, tipificación y sanción.

La iniciativa había sido aprobada previamente por el Senado el 14 de abril con 109 votos a favor. El decreto establece que el Congreso tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la ley general. Mientras tanto, las legislaciones locales vigentes continuarán en vigor. El proyecto fue enviado a los congresos estatales para su ratificación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el debate del Senado, la vicecoordinadora de MC, Alejandra Barrales, reconoció el avance pero advirtió: “Vamos a acompañar esta propuesta, pero también señalamos que necesita ir acompañada de recursos presupuestales, de lo contrario se quedará en letra muerta”. En Diputados, la bancada opositora reiteró que sin presupuesto suficiente para fiscalías y ministerios públicos, la nueva ley no resolverá el problema de raíz.

La reforma responde a un diagnóstico preocupante: entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres en el país, de los cuales solo 6 mil 781 fueron investigados como feminicidio. En 2025, de 4 mil 523 casos de feminicidio consumado o en tentativa, solo el 15 por ciento llegó a una acusación formal, según cifras citadas en el debate por la diputada priísta Ariana Rejón.