En su primera sesión de 2026, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas comenzó la evaluación del texto de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, turnado por el Comité Técnico Asesor. Con base en el resultado de este análisis, se discutirá la convocatoria para el inicio de la consulta popular a 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas, a lo largo de 80 asambleas regionales.
El director general del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, fue el encargado de presentar la iniciativa de Ley General ante 185 consejeros y consejeras de pueblos indígenas y afromexicanos. Regino Montes destacó que la elaboración del texto de la iniciativa involucró expertos internacionales, dependencias del Gobierno federal, representantes de los tres Poderes de la Nación y de las comunidades indígenas y afrodescendientes. “Las cosas se construyen de manera colectiva (…) una ley de esta naturaleza no podía ser la excepción, esto es gracias al trabajo y a la inteligencia colectiva”, dijo.
Marat Paredes Montiel, representante de la Consejería Jurídica, destacó que la Ley General busca materializar los derechos constitucionales reconocidos a partir de 2024, y sentar las bases de un nuevo pacto basado en la reconciliación, el respeto y la libre determinación. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que la ausencia de una ley sobre pueblos indígenas y afromexicanos hasta la fecha representa a un gobierno que intentó homogeneizar a México, negando su pluriculturalidad. Asimismo, subrayó que la Ley General no debe verse como un proyecto inmutable, sino como el punto a partir del cual se podrá fortalecer la certeza jurídica de la vasta pluralidad de culturas en nuestro país.
