La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión ordinaria del 17 de junio, comenzó el debate sobre la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido, con base en un amparo que pone en duda la constitucionalidad de la prohibición frente al derecho a la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. La legislación mexicana sanitaria y penal actual prohíbe la muerte asistida en todos los casos, por lo que la resolución de la Suprema Corte tendrá consecuencias e implicaciones para todo el aparato legal vigente.
Este miércoles, la SCJN informó que “reasumió su competencia originaria” para pronunciarse al respecto de un amparo que impugnó la prohibición de la eutanasia en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México. El amparo fue presentado por una tanatóloga que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en dos ocasiones, y actualmente está en tratamiento médico. La quejosa indicó que la prohibición vulnera su derecho a la autonomía personal y a decidir cómo y cuándo concluir con su vida.
El debate pondrá en análisis la constitucionalidad de la catalogación de la eutanasia y muerte asistida como delito penal en la Ciudad de México, y su prohibición en la Ley General de Salud, lo que deja la muerte natural como única alternativa legal para morir. Para el desarrollo del debate, el amparo será analizado de dos maneras: un ministro de la Corte elaborará un proyecto de dictamen, mientras que se determina si la persona amparada (la tanatóloga) impugna las disposiciones que afecten directamente su derecho a decidir sobre el final de su vida.
El consenso de la Suprema Corte es que la eventual resolución del tribunal sentará un precedente en el tratamiento de la eutanasia y muerte asistida. El ministro Giovanni Figueroa Mejía aseguró que esta es una oportunidad para que la SCJN fije un criterio novedoso sobre la eutanasia. La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló las implicaciones que la decisión tendrá en aspectos como “el consentimiento informado, la autonomía médica, la libertad de consciencia, los cuidados paliativos y el cuidado de personas en situación vulnerable”.
El ministro Arístides Guerrero García señaló la necesidad de llevar el debate a la SCJN debido al contexto internacional. Por ejemplo, la eutanasia es legal en España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia; por su parte, el suicidio asistido (entrega de medicamentos para terminar con la vida que deben ser ingeridos por el paciente) es legal en Alemania, Suiza, algunos estados de Estados Unidos y Victoria, un estado de Australia.
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