La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el 1 de mayo el decreto que establece la reducción gradual de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales en México. El documento fue publicado ese mismo día en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), en el marco del Día del Trabajo. La mandataria estuvo acompañada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y representantes de sindicatos de todo el país. “La primavera laboral llegó para quedarse”, afirmó Sheinbaum.

La reducción no será inmediata. El decreto establece un calendario gradual de dos horas menos por año: las 48 horas actuales se mantendrán en 2026; 46 horas en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029; y 40 horas en 2030. El periodo que transcurra del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 es una etapa de transición para que empleadores y trabajadores ajusten sus procesos. La Secretaría del Trabajo será la responsable de supervisar la implementación.

El decreto modifica las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 constitucional. Establece que ninguna reducción de jornada podrá implicar disminución de sueldos, salarios o prestaciones. La jornada diaria queda definida en ocho horas para el turno diurno, siete para el nocturno y 7.5 para el mixto. El trabajo extraordinario no podrá exceder 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro días. Si se supera ese margen, el patrón deberá pagar 200 por ciento más del salario ordinario. El Congreso tiene 90 días a partir de la publicación para armonizar la Ley Federal del Trabajo con el nuevo marco.

La reforma es la segunda de mayor impacto laboral de los gobiernos de la Transformación, después de la eliminación del outsourcing en 2021. México pasa de tener la jornada legal más larga entre los países de la OCDE a una ruta de reducción que lo alineará con los estándares internacionales al cierre de 2030. La CNTE marchó ese mismo día por el Día del Trabajo con un pliego de demandas propio, incluyendo la exigencia de revisión salarial para el magisterio y el rechazo a la reforma judicial.