César Jaúregui renunció como Fiscal del Estado de Chihuahua debido a las inconsistencias de su trabajo con respecto a la presencia de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en México. Jaúregui dijo que su dimisión significa cumplir con su responsabilidad política. Esta es la primera renuncia en relación al operativo de desmantelamiento de laboratorio clandestino en Chihuahua, en la que participaron miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), y de la que el Gobierno federal no tenía conocimiento y, por lo tanto, no había aprobado.
César Jaúregui hizo este anuncio tras las declaraciones de la fiscal Wendy Paola Chávez, quien encabeza las investigaciones internas ordenadas por la gobernadora panista Maru Campos. La comisión especial basa sus indagaciones en diez partes periciales y al menos cincuenta entrevistas con agentes nacionales. Así, pudo determinarse que la participación de los agentes estadounidenses en el operativo no fue autorizada por mandos superiores, y estuvo a discreción del titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, quien también falleció en el accidente.
Los señalamientos de la comisión local de investigación derivaron en la conferencia de prensa en la que César Jaúregui renunció como Fiscal de Chihuahua. Durante el evento, Jáuregui reconoció que la información presentada por la Fiscalía a los medios de comunicación omitía detalles como los puntos de contacto con los agentes extranjeros, por lo que se entorpeció los “mecanismos de control y de comunicación institucional que, como fiscal, tenía la obligación de asegurar”, admitió.
Las tensiones entre el gobierno estatal y el Gobierno federal se mantienen, y ha involucrado la participación del Congreso de la Unión que, desde la Cámara de Senadores, ha “invitado de manera respetuosa” a la gobernadora de Chihuahua a comparecer para informar sobre este hecho. Aunque el Senado no puede exigir rendición de cuentas de un gobierno estatal, sobre la gobernadora Campus pende una amenaza de juicio político y el escrutinio de todo el Gobierno federal.
