La iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente de la República el pasado mes de abril contempla la reestructuración completa de actual Instituto Nacional Electoral (INE) y propone cambios importantes en el poder legislativo.

Algunos de los aspectos que destacan de la iniciativa son la realización de consultas populares como parte de la nueva cultura democrática del país, reducir de 11 a siete el número total de consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para realizar actividades ordinarias, hoy representa un gasto de 11,000 millones de pesos en subsidios cada año, también busca reducir el número de legisladores en ambas cámaras; el ajuste considera la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores, y a nivel muncipal se plantea un recorte de diputados y regidores en función del tamaño de la población de cada localidad.

El nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) tendría a su cargo la rectoría en la organización de los procesos electorales federales, estatales y municipales, es decir, los Organismo Públicos Locales también conocidos como (OPLEs) desaparecerían y sería el órgano federal el único encargado de realizar y supervisar los procesos en todo el país. La modificación responde, entre otras cosas, a qué se tiene registro de que al menos 29 institutos y tribunales locales acumularon inconsistencias financieras por más de 977 millones de pesos, sin que dichos órganos pudieran acreditar el destino correcto de los recursos.

Adicional a ello, resalta que la operación del sistema político mexicano se ha incrementado exponencialmente. Por ejemplo, en 1999 se asignó un presupuesto de 13, 400 millones de pesos, pero veinte años más tarde, esto es, para el año 2018 el presupuesto total asignado fue de 68, 300 millones de pesos, lo que representa un incremento del 409%, algo que es desproporcionado frente a la situación que vive el país, ello sin mencionar los altos sueldos que perciben los consejeros del INE que rondan los 262 mil 634 pesos al mes, sin contar el descuento por impuestos y sin considerar otras prestaciones que tienen.

En este sentido, el corazón de la reforma presidencial no solo busca arrancar de tajo la posibilidad de perpetrar fraudes electorales, como sucedió en el 2006 y 20012, sino que pone el acento en el hecho de que la democracia no debe ser onerosa para los bolsillos de los mexicanos. Al respecto las proyecciones del gobierno estiman que con el reajuste al conjunto del sistema político mexicano podrían obtenerse ahorros por más de 20,000 millones de pesos[4] que bien podrían destinarse hacia distintos proyectos de desarrollo para el país.

Por eso cuando el PAN, PRI, PRD afirman que se opondrán (por consigna) a debatir la iniciativa presidencial, en el fondo se están negando a perder las cuotas de poder y privilegios que mantuvieron por décadas, pero al mismo tiempo están cancelando a los mexicanos la posibilidad de que todo el dinero recaudado, producto del ahorro, vaya directo a atender las necesidades más inmediatas de la población; más programas sociales, más universidades, becas, hospitales, centros deportivos y diversas obras de infraestructura urbana. En otras palabras, la alianza “Va por México”, integrada por PRI, PAN, PRD, al buscar la supervivencia de un sistema político altamente burocratizado, costoso e ineficiente están obstaculizando el desarrollo del país.

Los partidos de oposición no logran entender que corren tiempos de cambio y que la población exige que los gobernantes y entes públicos actúen con probidad y operen en la justa medianía, es decir, sin lujos, extravagancias ni excesos. La sociedad hoy más que nunca demanda que sean responsables y sensibles ante la realidad nacional. Por eso el debate al que convoca el presidente está ganado de antemano, en primer lugar, porque pone por delante el interés nacional y en segundo, porque pone al descubierto las verdaderas pretensiones del conservadurismo que es reproducir el “gatopardismo mexicano”: que todo (apartemente) cambie, para que en los hechos todo siga igual.

La miopía política de los dirigentes opositores no les permite ver que llegarán al debate completamente derrotados, sin argumentos y sin razones, pero lo más trascendente sin el respaldo popular. Van a discutir una reforma en materia electoral que está ganada política y socialmente no solo por el propio presidente, sino por la simpatía y apoyo que despierta entre la población.

Porque la reforma de Andrés Manuel López Obrador no le habla a la clase política mexicana ni a las cúpulas empresariales o elites nacionales, apela ante todo a los millones de mexicanas y mexicanos que viven al día, que trabajan jornadas extenuantes para mantener a sus familias, le habla al ciudadano que está cansado de los aparatos burocráticos que enriquece a unos cuantos en detrimento de la mayoría.

En definitiva, la iniciativa pone en el centro el interés de la mayoría sustentado en el precepto de que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre y en donde la austeridad republicana debe ser ya una costumbre del gobernante.