Después de largas jornadas de discusión en el Congreso sobre la reforma eléctrica, y de la amplia participación ciudadana mostrada en asambleas vecinales, movilizaciones y en el debate público para impulsarla o rechazarla, el Ejecutivo Federal ha presentado una interesante propuesta de reforma político electoral, que tiene como objetivo dar un paso significativo en la democratización del Estado Mexicano.
¿Pero por qué estamos hablando de un paso tan importante y significativo? La propuesta de reforma tiene en el fondo un otorgamiento de mayor poder a la ciudadanía en materia político electoral, que se expresa en sus puntos más importantes y controversiales, siendo estos la eliminación de la figura de diputaciones plurinominales, la elección ciudadana de autoridades electorales, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos para sus actividades ordinarias y una reducción drástica del financiamiento a las instituciones electorales, tanto administrativas como jurídicas, planteando a su vez la centralización de actividades administrativas en una sola institución.
Bajo el principio de austeridad republicana, esta propuesta se presenta como respuesta al excesivo gasto que el Estado Mexicano realiza en los distintos procesos electorales y en el sostenimiento de estructuras partidistas; responde al reclamo ciudadano y la desconfianza que se tiene no solo en los representantes populares, sino también en las autoridades político-electorales que han distado mucho de ser imparciales en su accionar y en sus actividades privadas y sociales. Asimismo, una evaluación sobre la estructura orgánica del sistema electoral mexicano permite observar el descomunal burocratismo en el que se materializan estas instituciones.
Actualmente, se sostienen Organismos Públicos Locales (mejor conocidos como OPLes) así como tribunales que muy poco han abonado a la confianza y a la certeza en los procesos. Desgraciadamente, siguen absorbiendo cantidades exorbitantes de recursos materiales y humanos para cumplir con sus funciones; debido a la falta de rigor en el cumplimiento de estas atribuciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han terminado atrayendo muchas de sus actividades.
La propuesta de reforma nos coloca así, en un punto de valoración sustancial sobre el sistema electoral mexicano. Las distintas modificaciones que ha sufrido desde 1977 han estado encaminadas a fortalecer la democratización del país. Gracias a esto el sistema de partidos también sufrió transformaciones, con el objetivo de convertirse en un canal donde pudieran encauzarse las demandas ciudadanas en momentos de convulsión política que vivía el país. Desapariciones, guerrillas, movimientos urbano-populares y campesinos hacían que el régimen político experimentara una seria crisis de legitimidad, lo que obligó a su apertura mediante vías institucionales.
Se logró, además, que la alternancia política llegara al poder por primera vez hace veintidós años con el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN). Estas reformas estuvieron siempre basadas en la desconfianza, motivo por el cual, con el paso del tiempo, se fueron robusteciendo los sistemas (electoral y partidista) provocando así una sobrerregulación de los procesos y estos a su vez, el crecimiento de la burocracia encargada.
Nos enfrentamos así a un momento donde es válido repensar nuestro sistema electoral. El espíritu de la reforma atiende a un cierto grado de madurez tanto del sistema de partidos, pero también de la ciudadanía como sujeto político y como sujeto decisor. Transformar el sistema electoral como se propone apunta a un país con una vida política más activa, a la recuperación de los partidos políticos como canales de demandas sociales, pero sobre todo al reforzamiento de una democracia más cercana a los ciudadanos, limitando la capacidad decisoria de las élites políticas y económicas que han olvidado que se deben a la población.
No es posible tener institutos electorales tan caros en un país de más de 50 millones de pobres. Desgraciadamente, las autoridades electorales poco o nada entendieron de esto envueltos en la narrativa que su condición de clase les concede. Les hace falta pueblo.
Los más escépticos de la propuesta y sus antagónicos dirán que se encuentra basada en pura ideología, que es imposible reducir la burocracia electoral porque no se contempla la dimensión de sus funciones, ni el carácter operativo y técnico que estas conllevan; dirán que es absurdo que los ciudadanos elijan directamente a las autoridades electorales porque la gente es ignorante; o que es inadmisible quitar el financiamiento público a partidos porque la lógica es la no intromisión de poderes fácticos; criticaran la centralización de funciones en una única autoridad administrativa y jurídica respectivamente; dirán que el partido en el poder solo quiere concentrar más poder y que se debilita atrozmente a la democracia, pues eliminar diputaciones plurinominales elimina la representación de las minorías.
Sin embargo, otorgar tanto peso al carácter técnico y operativo, sin pensar en la reingeniería del sistema electoral también es ideología y negación de que el Estado Mexicano del siglo XXI se encuentra listo para una nueva etapa en su vida democrática; la elección directa de autoridades electorales obliga a los poderes de la Unión a presentar propuestas que sean dignas de respeto para la ciudadanía que pagará sus sueldos; precisa al involucramiento directo en el debate público; ahorra miles de millones al erario que podrían utilizarse en mejorar las condiciones sociales y económicas de la población; obliga a la reorganización de las fuerzas políticas con trabajo de base bajo puntos programáticos concretos y no bajo campañas de fake news y descredito pagadas por las élites políticas y económicas; no elimina la pluralidad, la fórmula propuesta la refuerza y refuerza también la representatividad popular.
La fuerza mayoritaria en el Congreso tendrá que asumir el carácter transformador de su narrativa, y deberá tener altura de miras para que sea aprobada la reforma. Su capacidad de negociación política será más importante que nunca, pues estamos en un momento crucial de nuestra lenta pero segura transición democrática. Informar, debatir y dialogar la reforma es deber de todas, todos y todes los que han acompañado las luchas por la democratización nacional.
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