Renuncia presidente de Paraguay por crisis bancaria y económica
El Congreso de Paraguay realizó una sesión extraordinaria para aceptar o rechazar la renuncia; la decisión se pospuso por falta de quórum. Además, se inició un juicio político que continuará si la renuncia es rechazada.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank. En el Congreso, avanza un procedimiento de juicio político en su contra, que requiere la aceptación de la dimisión. En un mensaje grabado y difundido en su cuenta oficial de X, Peña afirmó que tomó la decisión para preservar “la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. También ofreció disculpas a la población: “Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.
La renuncia fue presentada formalmente ante el Congreso Nacional mediante un documento fechado el mismo 5 de noviembre, entregado por el ministro del Interior, Enrique Riera, al presidente del Legislativo, Basilio Núñez. Peña señaló que su principal preocupación era garantizar la tranquilidad de los paraguayos que depositaron sus ahorros en el sistema financiero. Asimismo, pidió que se garantice la devolución de los recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función y que se protejan los fondos públicos.
La Cámara de Diputados aprobó el inicio del juicio político contra Peña con 78 votos a favor, correspondientes a la totalidad de los legisladores presentes. La acusación se fundamentó en presuntos conflictos de intereses por su vinculación empresarial con Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Uen, al frente del Banco Central y la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad bancaria. El Congreso también rechazó someter a juicio político al vicepresidente Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor.
La decisión sobre la renuncia quedó pendiente. Durante la sesión conjunta de ambas cámaras, convocada para determinar si aceptaban la dimisión, 41 legisladores votaron a favor de admitirla y 42 por rechazarla. Ante la falta de respaldo suficiente, legisladores oficialistas abandonaron el recinto y dejaron la sesión sin quórum.
De acuerdo con el artículo 202 de la Constitución paraguaya, corresponde al Congreso resolver sobre la renuncia presidencial. Si es aceptada, el vicepresidente asume el Ejecutivo y completa el periodo constitucional, que concluye el 15 de agosto de 2028. Si es rechazada, el proceso de juicio político podrá continuar en el Senado, que requiere dos tercios de los votos para declarar culpable al mandatario, conforme al artículo 225.
la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas
La crisis bancaria que precipitó la dimisión
El conflicto se originó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido. La institución tenía aproximadamente 2.9 millones de clientes y administraba importantes recursos públicos.
El procedimiento dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos y provocó protestas, cuestionamientos por la exposición de recursos públicos y la salida del titular del Banco Central. La relación política con Peña se profundizó por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno y por las inversiones de organismos públicos, entre ellos el IPS, en la institución. Estos señalamientos dieron origen a cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. Reuters y Associated Press reportaron investigaciones sobre la supervisión bancaria, los depósitos públicos y la actuación de funcionarios.
La renuncia dejó abiertas tanto la disputa institucional por la sucesión presidencial como las investigaciones sobre el colapso financiero y la recuperación de los ahorros de los afectados.
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