Países firmantes del Estatuto de Roma rechazan sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional
Los países se comprometieron a continuar trabajando conjuntamente para respaldar la justicia internacional, defender el orden internacional basado en normas y promover la rendición de cuentas.
Los gobiernos de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron su rechazo a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), al advertir que podrían afectar el funcionamiento del tribunal, a su personal y a sus familias.
En una declaración conjunta difundida el 9 de octubre de 2026, los ministros de Relaciones Exteriores de los ocho países reafirmaron su respaldo a la independencia, imparcialidad e integridad de la Corte, y manifestaron su desacuerdo con las medidas estadounidenses. También reconocieron los preparativos de la institución para mantener sus operaciones y garantizar el cumplimiento de su mandato. Los países firmantes se comprometieron a continuar trabajando conjuntamente para respaldar la justicia internacional, defender el orden internacional basado en normas y promover la rendición de cuentas. Asimismo, señalaron que mantendrán el diálogo con los países que no forman parte del Estatuto de Roma de cara a la Asamblea de Estados Partes prevista para diciembre de 2026.
El 9 de octubre, Estados Unidos impuso sanciones contra la CPI como institución, después de haber adoptado medidas contra jueces y fiscales del tribunal. La decisión amplió las acciones derivadas de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero de 2025, que estableció un marco de sanciones contra personas vinculadas con determinadas investigaciones y procesos de la Corte. La orden contempla el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales sujetos a la jurisdicción estadounidense, así como restricciones de entrada a Estados Unidos para determinadas personas vinculadas con la institución y sus familiares inmediatos. También prohíbe ciertas transacciones y la provisión de fondos, bienes o servicios a las personas sancionadas. La administración estadounidense justificó estas medidas por lo que considera actuaciones ilegítimas de la CPI contra Estados Unidos y su aliado Israel, incluidos los procedimientos relacionados con funcionarios de ambos países.
En un comunicado del 9 de octubre, la CPI condenó las sanciones y las calificó como un intento de obstaculizar la justicia y de intimidar a quienes trabajan en la institución o cooperan con ella. Su presidenta, la jueza Tomoko Akane, aseguró que la Corte continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, conforme a la ley y las pruebas. La institución también pidió a los Estados que adopten medidas concretas para garantizar los recursos necesarios para mantener sus actividades y proteger el orden internacional basado en el Estado de derecho.
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