En semanas recientes hemos sido testigos de los excesos y atropellos cometidos por miembros del poder judicial en donde están involucrados tanto magistrados, ministros, como jueces de todos los niveles. El tema no es nuevo, pues en el pesado no solo se solapaban las malas prácticas de quienes se suponen son los encargados de impartir justicia, sino que desde el amparo del poder torcían la ley para exonerar de igual manera a narcotraficantes que a criminales de cuello blanco como políticos, empresarios, gobernadores y ex funcionarios.
Así, a lo largo de las últimas décadas el Poder Judicial ha revelado el estado de descomposición en el que actualmente se encuentra, siendo su exigencia de recursos millonarios para el ejercicio fiscal del siguiente año uno de sus caprichos más recientes.
Veamos algunos datos, los integrantes de la Suprema Corte de Justica de la Nación gozan de una percepción mensual de 297 mil 403 pesos, muy superior a la del presidente, pero por si esto no fuera poco tienen aguinaldos que superan los 586 mil pesos, primas vacacionales por 95 mil 474 pesos, fondos para comer en restaurantes por 723 mil 690 pesos, y, una partida presupuestal de 5 millones 540 mil pesos mensuales para la contratación de personal adscrito a ellos.
Además, cuentan con un pago por riesgo de 640 mil 372 pesos al año, dos vehículos tipo suburban blindados, seis teléfonos de alta gama para su uso particular, seguro médico para ellos y sus familias con una suma de 30 millones, y adicionalmente 188 mil pesos al año para la compra de medicamentos y una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo, esto por mencionar solo algunos de sus privilegios.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel, en más de una ocasión ha enfatizado que la austeridad republicana es una de las claves para conseguir mayor equidad y justicia en el conjunto de la sociedad, sin embargo, tal pareciera que el Poder Judicial es ajeno a este clamor popular consagrado en la Constitución a través de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Por ello la pregunta obligada es: ¿en qué país viven los ministros de la Suprema Corte? ¿cómo es posible que exista una clase burocrática dorada habiendo tantas necesidades a lo largo y ancho del país? ¿quién o qué justifica ese nivel de percepciones? Si además consideramos que su trabajo no muestra un impacto positivo con resoluciones que beneficien al conjunto de la sociedad sino por el contrario se cometen hechos bochornosos como el del ministro Luis María Aguilar que busca proteger a una empresa que debe impuestos a la federación por un valor de 25 mil millones de pesos o el caso de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña quien contrató a quien sería uno de los colaboradores más cercanos de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad en el sexenio de Federal Calderón, sus actuaciones dejan mucho que desear.
A pesar de todo ello, la gente cada vez es más consciente y está mejor informada de lo que acontece en la vida pública del país, es previsible que en el corto plazo aumente el descontento por parte de distintos sectores sociales hacia la actuación de distintos integrantes del sistema de judicial.
Por eso hoy, el presidente ha puesto sobre la mesa la necesaria reforma al poder judicial, un poder que, en primera instancia debe ser democrático, es decir, que surja desde las entrañas de la propia sociedad y no forme parte de intereses o acuerdos de élites, de igual manera un poder austero que vaya acorde con la realidad del país y con las necesidades más inmediatas y prioritarias del pueblo, un sistema en donde se limpie a profundidad la corrupción que tiene impregnada el sistema porque no se puede permitir que funcionarios del sistema judicial estén al servicio de delincuentes y potentados, se necesita un poder judicial profesional, honesto, austero, imparcial y que mire en todo momento por el bien de la Patria.
Nuestro marco constitucional permite una reforma al poder judicial pero antes es necesario pasar la gran prueba que representa el próximo año, esto quiere decir, garantizar una mayoría calificada para que los legisladores de la Cuarta Transformación impulsen las reformas necesarias en el Congreso. Y, a partir de entonces, plantearse con seriedad la limpieza a fondo de lo que hoy representa un poder soberbio, arbitrario, altamente oneroso para los mexicanos y plagado de corrupción.
