En México no es novedad que miles de personas se encuentren privadas de su libertad en las cárceles mexicanas, mujeres y hombres que son víctimas de abuso del poder, la corrupción del Ministerio Público y de la autoridad judicial.

A diciembre de 2021, cifras oficiales señalan que el 41% de las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de México, no han recibido una sentencia, según datos del INEGI, y 23% de ellas han pasado más de dos años sin que esto ocurra. Asimismo, un gran número de estas personas refieren haber sido detenidas y llevadas al Ministerio Público sin una orden de aprehensión, también denunciaron haber sufrido de tortura o engaño para inculparse por delitos que no cometieron.

Un caso ejemplar y que está de moda, es el ocurrido en diciembre de 2005 donde se llevó a cabo un montaje por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en complicidad como siempre, con las televisoras de mayor rating en México; me refiero a lo ocurrido con la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, quienes se cree que fueron víctimas de la corrupción y el influyentismo que reinaba principalmente en tiempos del PAN al frente del gobierno; pero sobre todo las violaciones al debido proceso, a los derechos fundamentales, a la integridad de las personas, independientemente que sean o no responsables de la comisión de un delito. 

El 09 de diciembre de 2005, nos enteramos por las principales televisoras del país, sobre el operativo que se llevó a cabo en el rancho “Las chinitas” presuntamente perteneciente a Israel Vallarta, acción encabezada por el entonces Director General de Investigación Policial de la AFI y con respaldo del Titular de esta dependencia, donde todo parecía indicar que en su interior había 3 personas secuestradas, entre ellas un menor. 

En el operativo se observó la liberación de las personas que presuntamente se encontraban privadas de su libertad, así como la detención de 2 personas quienes serían los probables responsables del secuestro, Florence Cassez e Israel Vallarta, a quienes se les acusó de ser líderes de una célula delictiva denominada “Los Zodiaco”.

En el año 2008, tres años después de permanecer en prisión, Florence Cassez fue sentenciada a 96 años de prisión y después impugnar esta determinación, se resolvió que su sentencia final sería de 60 años; sin embargo en el año 2013, la Suprema Corte le otorgó la libertad a la ciudadana francesa por violaciones al debido proceso, ya que con el paso del tiempo y de las investigaciones se encontraron elementos para suponer que se violaron sus derechos fundamentales en su detención. Por su parte, Israel Vallarta después de 17 años en prisión, aún no ha recibido una sentencia y se encuentra recluido en el Penal del Altiplano.

En una entrevista llevada a cabo al Titular de la entonces AFI, fue confrontado por la ciudadana francesa, quien a través de una llamada telefónica, señaló a García Luna como creador de delitos en contra de ella y su pareja sentimental. En dicha entrevista se puede observar a García Luna que intenta sortear el momento incómodo, en donde finalmente con una argumentación sin sustento, señaló que se llevó a cabo el supuesto operativo, un día después de la detención de Cassez y Vallarta a petición de las televisoras, para que pudieran grabar la supuesta detención y rescate del que hablamos.

En este caso en particular, destaca la prisión preventiva que tiene a Israel Vallarta recluido desde 2005 sin que se le haya dictado una sentencia aún y cuando se han comprobado en diversas ocasiones los actos de tortura a los que fueron sometidos él y su familia; las violaciones a sus derechos fundamentales y al debido proceso, ya que como se conoce estuvieron casi 24 horas después de ser detenidos sobre la carretera, en vehículos de la propia Procuraduría General de la República incomunicados y sin ser presentados ante el Ministerio Público como lo marca la Ley. Finalmente todo presupone ser una venganza económica en contra de ambos personajes, toda vez que los negocios no le salieron como esperaba al empresario Eduardo Margolis, socio del hermano de Florence y quien aprovechó de sus relaciones con las altas esferas políticas, para instruir a Genaro Luna y no dudaría que hasta el propio Presidente en turno Vicente Fox, a orquestar la detención de Cassez y Vallarta.

Cabe señalar que uno de los responsables de llevar a cabo el supuesto operativo y detención de estos personajes fue Genaro García Luna, quien años después fue nombrado Secretario de Seguridad Pública por el expresidente Felipe Calderón y  hoy se encuentra en una prisión de Nueva York acusado de pertenecer al cartel de Sinaloa desde 2001 con agravantes de traficar al menos 53 toneladas de cocaína, falsedad de declaratoria y 3 más por narcotráfico; asimismo quien ejecutó dicho operativo, fue Luis Cárdenas Palominos, quien hoy se encuentra sentenciado en el Penal del Altiplano por el delito de tortura.

Casos como este podemos encontrar a lo largo de la historia del sistema penal en su antigua y nueva versión, violaciones al debido procedimiento, torturas, desaparición forzada, fabricación de delitos, corrupción, inocentes encarcelados sin existir elementos suficientes que los involucren en la comisión de delitos, y peor aún probables responsables privados de su libertad durante años sin que se les haya sentenciado. 

No se trata de defender a quienes cometan algún delito; al contrario, estoy convencido que se debe de aplicar el peso de la ley a quien sea responsable, sino de reconocer el abuso de los altos mandos encargados de la persecución e investigación de delito, así como de aquellos que se suponen deben impartir justicia y no sólo no lo hacen, sino que sirven a los intereses de unos cuantos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos resolver un tema muy delicado y que ha generado muchas opiniones encontradas, me refiero a la prisión preventiva oficiosa; ya la Corte Interamericana se pronunció al respecto, señalando que es violatoria al principio de presunción de inocencia estableciendo ciertos criterios en la que puede ser aplicada esta figura; ahora toca a México tomar una postura en el tema para conocer los alcances de la misma, cuyo objetivo es que las personas que cometan un delito sean recluidas hasta que se investiguen los hechos, pero en la actualidad no siempre resultan condenatorias, en muchas ocasiones todo se soluciona con el clásico “disculpe usted”.