El mayor reto que se enfrentan las y los migrantes en su camino a la frontera mexicana con Estados Unidos no son las altas temperaturas del norte del país que oscilan entre los 38 y 45 grados centígrados; eso es lo de menos, porque las trabas que se encuentran en su camino desde sus países de origen son mayores; la peor: la corrupción de las autoridades de seguridad mexicanas.
Son cerca de las 11 am, en un punto de la carretera 57 a ya menos de dos horas del cruce fronterizo de “la amistad” en la ciudad de Acuña, Coahuila; por la carretera caminan unos 8 centroamericanas y centroamericanos que llevan ya casi dos semanas en territorio mexicano, logran que un autobús de línea les haga la parada y les eche un “aventón”, por lo menos antes de llegar al siguiente punto de revisión de la fuerza civil Coahuila (policía responsable de la seguridad en este estado), ya arriba del camión aprovechan para cargar sus teléfonos celulares, descansar y tomar agua con tranquilidad, utilizan el whatsapp para comunicarse con otros migrantes que han conocido en su paso por México y se alertan de los puntos de revisión migratorios, así como de los peligros que se pueden encontrar en el camino. La tensión es mayor, porque ya están tan solo 150 kilómetros (unas dos horas) de llegar a su objetivo de cruzar la frontera con Estados Unidos, así que arriesgarse a una deportación no es opción.
Desde el punto donde subieron al autobús al cruce fronterizo de la amistad, les informan, ya solo quedan dos puntos de revisión migratoria de la fuerza civil Coahuila, pero que los pueden pasar sin mayor problema sobornando a los policías que están en estos retenes con unos 50 dólares por persona (1,000 pesos mexicanos), pero el chofer del camión de línea decide no arriesgarse y les pide que bajen; entre ellos comentan con cierta familiaridad que se tiene que adentrar aproximadamente un kilometro por el desierto para pasar desapercibidos por la autoridad local.
A pesar de no estar dentro de sus facultades, la policía local de Coahuila hace funciones del Instituto Nacional de Migración y se aprovecha del desconocimiento de las leyes mexicanas de los migrantes que pasan por territorio nacional, la intimidación y el soborno serían su principal objetivo para obtener dinero sin que llegue al erario; hasta 2019 esta corporación tenía 38 denuncias acumuladas de 3 años ante la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila por desaparición forzada, de ese tamaño es la impunidad con la que opera esta corporación
Desde 2018, los esfuerzos desde el Gobierno de México para lograr que el paso de los migrantes por tierras mexicanas sea en tranquilidad y apegados a sus derechos humanos y lo consagrado en el artículo 1 constitucional; no han rendido frutos por la corrupción que prevalece en los cuerpos de seguridad locales, ya que la realidad es que siguen desacatando esta indicación y son ellos mismos quienes extorsionan a quienes viajan por por nuestro país.
Lamentablemente las y los migrantes no solo se enfrentan a la extorsión de las autoridades locales, se enfrentan también a ser un blanco fácil de la delincuencia organizada, quien ve en ellos mano de obra para las actividades ilícitas que realizan en nuestro país, a ser víctimas de trata o incluso ser asesinados al poner resistencia ante estas bandas delincuenciales, el caso más emblemático sería la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y de la cual la subsecretaría de derechos humanos, población y migración que encabeza Alejandro Encinas ya esta preparando un expediente que en anteriores gobiernos había quedado en el olvido, como muchas otras violaciones a los Derechos Humanos de mexicanos y migrantes en su camino a la frontera con Estados Unidos.
Twitter: @rodolfo_marqz
