En el año de 2019 y como parte de la estrategia de seguridad nacional de la administración actual, el presidente de México presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reformaba el artículo 21 constitucional, dando vida a la Guardia Nacional como un organismo de carácter civil que estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; también se estableció que contaría con el apoyo de las fuerzas armadas por cinco años, reduciendo de manera gradual esta función hasta en tanto esta nueva agrupación de seguridad desarrollara su estructura, capacidades e implantación territorial.
El pasado 31 de agosto, el presidente López Obrador presentó al Congreso de la Unión, una iniciativa en donde se reforman diversas disposiciones que regulan la Guardia Nacional, con la que se otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) facultades operativas y administrativas; iniciativa que fue aprobada por el poder legislativo federal, destacando la abstención del Senador Ricardo Monreal Ávila, quien manifestó no estar a favor de una reforma que resulta ser contraria a derecho en cuanto al procedimiento, ya que al modificar una ley secundaria como lo es la Ley de la Guardia Nacional y no la propia Constitución, viola el artículo 133 constitucional que establece la supremacía de esta Ley; es decir, ninguna ley estará por encima de la propia Constitución Federal.
De la iniciativa en comento destaco algunos puntos que me parece relevante señalar; empezando con la modificación al artículo 13 Bis de la Ley de la Guardia Nacional, el cual además de otorgar el control operativo y administrativo de esta dependencia a la SEDENA, será la propia Secretaría quien expedirá los manuales de organización, procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional, así como los programas operativos, estrategias y autorización de planes y programas para el ingreso, formación, capacitación, especialización, profesionalización y distribución territorial de sus elementos de seguridad; es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá el máximo control de la Guardia Nacional.
Asimismo, el artículo 39 fracción III de la misma Ley en comento, establece la profesionalización del personal de la Guardia Nacional mediante instituciones de educación y centros de adiestramiento de la Fuerza Armada. Otro punto para destacar es la reforma al artículo 57 de la misma Ley de la Guardia Nacional, el cual en su modificación establece que el personal naval y militar asignado a la Guardia, continuará sujeto al fuero militar, lo cual nos lleva a comprender que el cuerpo de seguridad llamado Guardia Nacional, dejó de tener su esencia policial y se convierte en una extensión más de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, presentó al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a un artículo transitorio de la Constitución Federal, en la cual se propone que la SEDENA continúe “apoyando” a la Guardia Nacional en su tarea de seguridad hasta el 2028 y no concluya en el 2024 como se tiene previsto. Después de un debate en la Cámara de Senadores, se determinó regresar esta iniciativa a comisiones para ser discutida de nueva cuenta, lo cual le da oportunidad al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, para conseguir la mayoría que se requiere para su aprobación.
El debate que rodea a la Guardia Nacional es interminable; el presidente López Obrador, considera que reforzar la Guardia Nacional con presencia y manejo de las Fuerzas Armadas es la solución al problema de inseguridad que se vive en México, lo cual no es nuevo, pues ha sido tema de discusión en otros sexenios pero que hoy se está materializando.
Mientras unos comentan que la situación del país es cada vez más complicada en temas de seguridad y que no confían en las instituciones policiales municipales y estatales, otros piensan que militarizar el país puede traer problemas dada la instrucción que tienen los elementos de las fuerzas armadas, pues la Guardia Nacional seguirá siendo una dependencia adscrita a una Secretaría de Guerra, lo cual considero no es el problema, sino la violación a los derechos humanos de la ciudadanía que esto puede derivar; ya que dudo que los soldados en su largo y admirable camino de adiestramiento e instrucción militar, les hayan enseñado a dar abrazos. Dicho lo anterior, me hace recordar los diversos acontecimientos violentos en los que ha estado involucrado el ejército mexicano, el más reciente el ocurrido en Tamaulipas, en donde presuntamente militares dispararon a un vehículo en donde viajaba la niña Heidi, quien recibió un impacto de bala en la cabeza cuando se trasladaba con su hermano y su cuidadora rumbo al hospital para atenderse un dolor estomacal.
En todo momento desde la presidencia, se nos ha dicho que no existirá una militarización del país, pero en realidad la percepción de la población es otra, el aeropuerto de Santa Lucía fue construido y es operado por militares, el proyecto del tren maya lo llevan a cabo miembros del ejército, en aduanas y aeropuertos y calles hay presencia militar.
A decir verdad debido a la situación de violencia que vive el país, considero que sí se deben tomar acciones drásticas para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada que tienen contra las cuerdas la seguridad del país, pero el problema que se observa y que ha causado controversia son los procesos y cómo se llevan a cabo, ya que se debe poner especial atención para que no se viole ningún procedimiento, asimismo que cualquier acción que se tome sea debidamente estudiada y que garantice los resultados esperados, de lo contrario estaríamos frente a otra estrategia de seguridad infructuosa.
Pero mientras sean dimes y diretes si debe o no haber presencia militar en las calles (lo cual siempre generará gran debate), la realidad es que a los mexicanos nos urge una respuesta inmediata en materia de seguridad, que frene la violencia que hay en todo el país y garantice a todas y todos el derecho humano a la vida, a la libertad, al libre esparcimiento, a que podamos salir a las calles sin temor a sufrir algún tipo de violencia; porque sabemos que ya no hay tiempo para probar o experimentar, es momento de actuar y poner orden en el país con resultados.