Es de vital importancia atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, priorizando su derecho a un libre desarrollo, en un ambiente favorable que permita su bienestar, crecimiento saludable, armonioso físico y mental, material, espiritual, ético, cultural y social; al no ser posible generar o lograr estas condiciones, las consecuencias son irreversibles. Se entiende como niños y niñas a las personas menores de 12 años cumplidos y adolescentes las personas de entre 12 y menos de 18 años de edad.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México residen 21.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años, lo que representan el 23.4% de la población, de los cuales el 51.1% se encuentran en situación de pobreza. Cifras alarmantes que son resultado de políticas públicas que no han sido del todo efectivas. Por otra parte, el 2.0% (580 289 personas) son consideradas como población con discapacidad.
Un reflejo que desprenden estas estadísticas son las diferentes problemáticas que afectan a este sector de la población mexicana como violencia, abandono escolar, desnutrición, discriminación, falta de acceso a servicios de salud pública, matrimonios forzados, migración, entre otras.
Corresponde a la Autoridad a través de su marco legal y normativo velar por el pleno ejercicio, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México, siendo el interés superior de la niñez el que deberá ser considerados de manera primordial en la toma de decisiones; sin embargo, a pesar de la creación de la Ley General De Los Derechos De Las Niñas, Niños y Adolescentes (4 de diciembre de 2014), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Procuradurías Locales, los resultados no son del todo satisfactorios debido a la alta vulnerabilidad que presenta este sector de la población.
Es urgente y necesaria la planificación, desarrollo e implementación de políticas públicas y acciones afirmativas por parte de la autoridad en los tres niveles de gobierno de manera coordinada con un enfoque de la Nueva Gerencia Pública (NGP), en la cual a través de una planeación estratégica se puedan evaluar resultados y dar rendición de cuentas a la ciudadanía. Es trascendental no desestimar la participación de la sociedad civil organizada para lograr llegar a donde la autoridad no ha podido impactar, gracias a su pluralidad de voces y su alto nivel de convocatoria social, promoviendo siempre la participación ciudadana.
En cuanto al sector interinstitucional debe fortalecerse en cumplimiento de acciones afirmativas, como la dotación de recurso necesario para poder cumplir con sus objetivos de ley, capacitando permanentemente a sus altos mandos y personal operativo con perspectiva de género y con base a los protocolos de actuación en materia de protección de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a materia legislativa es urgente una reforma legal que contemple que promueva la creación de políticas públicas integrales aplicables en la etapa de primera infancia que comprende de los 0 a los 5 años de edad.
Gracias al trabajo de algunas Organizaciones de la Sociedad Civil se ha logrado en niñas, niños y adolescentes la promoción del derecho al descanso y esparcimiento, mediante programas que promueven el juego, apoyo alimentario, actividades recreativas propias de su edad, así como participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.
Las necesidades de la niñez mexicana se deben atender de manera inmediata, no es un tema que pueda aplazarse o pasar por alto, de ser así, las consecuencias serían más graves e irreversibles, es momento de que la autoridad y sociedad civil organizada trabajen de la mano, dejando a un lado los egos anteponiendo en todo momento el amor a nuestro país.
