Luego de la discusión en la Cámara de Diputados, en torno a la propuesta de Reforma a la Ley Eléctrica, misma que fue rechazada por no haber alcanzado la mayoría calificada, el presidente de la República ha anunciado el envío al Congreso de una iniciativa en materia Electoral.
Para repasar el proyecto de ley, a continuación, enuncio los puntos fundamentales de esta nueva propuesta:
- Eliminación de los 32 organismos electorales locales, es decir, las juntas locales y los tribunales electorales, a fin del que el Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asuman las atribuciones de dichas instituciones.
- Cambios en el INE que consisten en la reducción de 11 a 7 consejeros, la revisión de la estructura administrativa, operativa y ejecutiva del organismo autónomo, así como la elección de magistrados y consejeros, mediante listas configuradas, revisadas y avaladas por los Poderes de la Unión.
- Derogación de la actual división territorial electoral. Ahora, cada entidad federativa podría usar listas para proponer a ciudadanas y ciudadanos, a ser representantes populares. También se propone que se reduzca la cantidad de las y los representantes en el Poder Legislativo, de 500 a 300.
- Eliminación del financiamiento público ordinario a partidos políticos, mediante un esquema de aportaciones de las militancias y bases de simpatizantes de cada fuerza política. Sólo se inyectaría a estos institutos políticos financiamiento público en los procesos electorales.
- Reducir en 18 minutos el tiempo al aire en radio y televisión de spots en tiempos de campañas.
- Reducir del 40% al 33% de participación del listado nominal vigente, para que el resultado de las futuras consultas de Revocación del Mandato del Titular del Ejecutivo Federal sea vinculatorio.
Los 6 elementos propuestos por el presidente López Obrador son radicales y para otros puntos de vista, peticiones absolutamente inaceptables; para el conservadurismo, representan un ataque frontal a la democracia en México.
No obstante, esta iniciativa también representa retos gigantescos para una democracia aún incipiente y que, pese a sus bemoles, ha funcionado para poder encontrar los canales de participación ciudadana que hemos conquistado, desde los movimientos sociales desde 1968 hasta la actualidad, así como las más recientes. Vale la pena preguntarnos si estamos listos para un cambio como el propuesto, con todas las complejidades que implica.
Por otro lado, el recorte en el número de representantes en el Congreso de la Unión es notable; luego de la votación de la Propuesta de Ley Eléctrica, ese punto en particular parece parte de una estrategia del presidente para castigar a la oposición, que, bajo intereses privados, no permitió la mayoría calificada necesaria para la aprobación. Sin embargo, pasar por alto que esto también afectaría a MORENA sería obviar un elemento crucial para tomar otro camino en el análisis: ¿y sí el presidente López Obrador está pensando en darle la vuelta al discurso?
Considero que el presidente López Obrador tiene una estrategia muy clara y que arrancó el pasado domingo 17 de abril. El campo que se disputa ya no es el meramente legislativo o de muestra de capacidades de negociación. Para el titular del Ejecutivo Federal, la Reforma Político-Electoral podría tener escazas probabilidades de pasar, y seguramente habrá de esperarse un plan B, como en el caso de la Iniciativa de reforma a la Ley Eléctrica. Esto deja ver entre líneas que la intención de Andrés Manuel López Obrador es ganar en el terreno de la narrativa.
La campaña iniciada por legisladoras y legisladores morenistas en el Congreso de la Unión, así como parte de las dirigencias del mismo instituto político, tiene por objeto situar en el centro del debate público la moral detrás de las acciones de la oposición, invirtiendo los significantes contenidos en las palabras de las y los legisladores de MC, del PRI, el PAN y el PRD; evidenciar sus contradicciones respecto a sus propios estatutos y el nacionalismo es el blanco que la misma oposición ofreció.
El rechazo ya mostrado por parte de los partidos de oposición reforzará en el imaginario colectivo –o al menos a mis ojos– la idea de que el presidente congruentemente envía las iniciativas de ley a las que se comprometió en campaña. Si se las rechazan, no es una derrota ni para MORENA ni para él, sino más bien, una muestra de los intereses que rigen a la oposición. En las derechas de México, se enarbola un significado concreto de libertad; libertad de decidir, de pensar y de expresarse, pero en las acciones, se contradicen.
Ahora, la oposición radicaliza sus discursos, contra de todo lo que tenga que ver con el proyecto que encabeza López Obrador y eso me parece un auto-knockout, al mostrarse contradictorios, pues al decantarse por hacer un llamado desde varios sectores simpatizantes del antiobradorismo a no participar en el proceso de Revocación del Mandato, dejan en evidencia que la democracia es el último de sus intereses. Cabe preguntarse entonces: ¿y la defensa del derecho ciudadano a participar dónde queda?
La oposición –entonces– se encuentra en una encrucijada. Este bloque se vale de medios de comunicación también fuertemente atacados desde la trinchera de lo moral, lo cual no permitido que penetren en el imaginario del todo, debido a múltiples escándalos en materia de corrupción, tráfico de influencias, generación de fake news, como es el caso de Latinus,
La oposición no se ha dado cuenta de que, a pesar de su probable victoria legislativa, en realidad han sido derrotados políticamente, en el terreno de la conquista del relato, es decir, del sentido de correcto-congruente y elocuente, y lo que no cabe en dichas definiciones. Entonces, en un discurso que apela al nacionalismo y sus reivindicaciones en múltiples sentidos.
López Obrador y MORENA, han definido el campo de batalla, y lo han encontrado en las contradicciones que la oposición muestra, al rechazar ejercicios de participación ciudadana, e inclusive, al no escuchar a esa militancia de antaño que menciono líneas atrás. Preguntémonos: ¿Hasta dónde la libertad tiene límites con la posición? ¿Qué definiciones sobre servicio a la nación, representación popular y patriotismo son las que operan en el bloque conservador?
Actualmente, la alianza entre MC, PRI, PAN y PRD se enfrenta a una lucha por el sentido de las palabras y los comportamientos políticos, a la que llegan tarde, pues el partido en el poder y el presidente de la República han situado en el imaginario la idea de que ir en contra del potencial científico y técnico, en materias como la energética, significa una abierta y flagrante traición a la patria. En materia electoral, bien vale la pena proponer otras visiones y criterios, a fin de adecuar la incipiente democracia mexicana a las realidades que subyacen en nuestro país, siendo congruentes con lo que por años hemos defendido: ¡Democracia participativa, directa y real!
Y no es un tema para nada menor. Ser tildada o tildado de traidor a la patria implica una merma importante en la legitimidad discursiva –y por ende política– y pone en tela de juicio la moral involucrada propuestas iniciativas y acciones legislativas de quienes pertenecen al bloque conservador. Si se defiende la democracia a ultranza, como han dicho con palabras legisladoras y legisladores de oposición, cabría esperar la consecuencia de esas palabras. En vez de eso, el rechazo automático por tratarse de una iniciativa de Andrés Manuel, el clasismo y hasta el racismo, nos hacen notar como ciudadanos que hay una discordancia por demás evidente.
No esperemos viento a favor en el poder legislativo para esta reforma, se vale. Sin embargo, apelemos a los principios que defendemos: libertad para decidir, opinar y ejercer el poder ciudadano, por el que durante décadas hemos luchado. Reivindicado y enarbolado los movimientos sociales. De este lado de la balanza, tenemos la claridad de que es necesaria una reforma político-electoral, y que, en este sentido, una iniciativa disruptiva representa un campo de posibilidad, para afianzar los principios democráticos que defendemos.
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