El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, envió al Congreso estatal la iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado, con la que busca sustituir el actual texto constitucional por un nuevo ordenamiento con enfoque intercultural, humanista y democrático. La propuesta fue entregada el 3 de septiembre por el consejero jurídico y de Asistencia Legal, Geovany Vásquez Sagrero, y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en representación del mandatario, y recibida por integrantes de la LXVI Legislatura.

De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, el proyecto plantea una Constitución de 81 artículos distribuidos en siete títulos, frente al texto vigente, al que el Ejecutivo estatal atribuyó aproximadamente 850 reformas. El eje de la iniciativa es la interculturalidad, con el reconocimiento de Oaxaca como una entidad multiétnica, multilingüe y pluricultural. El proyecto plantea fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como su libre determinación, autonomía, sistemas normativos, lenguas, patrimonio cultural y biocultural y derecho a la consulta.

Durante una conferencia de prensa, Jara sostuvo que el proyecto fue elaborado “en el territorio, escuchando al pueblo, de abajo hacia arriba”. El Gobierno de Oaxaca informó que participaron más de 10 mil personas mediante 10 encuentros regionales y 15 temáticos realizados en las ocho regiones de la entidad.

La iniciativa también contempla ampliar el catálogo de derechos y establecer mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para hacerlos efectivos. Además, propone fortalecer la justicia constitucional, los gobiernos municipales, la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, así como incorporar principios de honestidad, austeridad, profesionalización, mérito, paridad e interculturalidad en la función pública. Uno de los planteamientos destacados por Jara es elevar los programas sociales a rango constitucional, con el argumento de evitar que su continuidad dependa de la administración en turno.

La propuesta todavía deberá atravesar un proceso de análisis legislativo y consulta previa, libre e informada con las comunidades, por lo que su contenido aún puede ser modificado antes de una eventual aprobación.