Dos exservidores públicos del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) fueron sancionados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de que una investigación acreditara que solicitaron prestaciones a las que no tenían derecho y tramitaron reembolsos que incluyeron bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019 y las investigaciones estuvieron a cargo del OIC de la propia dependencia. Las pruebas reunidas permitieron acreditar faltas administrativas graves relacionadas con actos de cohecho, por lo que el expediente fue llevado ante el TFJA, autoridad facultada para resolver y sancionar este tipo de conductas. La legislación establece que corresponde al Tribunal imponer sanciones por faltas administrativas graves, mientras que la Secretaría atiende las no graves.

Como resultado del procedimiento, Juan José R., quien se desempeñaba como titular del OIC en el IPICYT, recibió una inhabilitación por 10 años y deberá cubrir una indemnización de 100 mil pesos por el daño patrimonial ocasionado. En tanto, Víctor Hugo A., entonces titular del Área de Responsabilidades, fue inhabilitado durante un año y deberá pagar 13 mil 630 pesos por concepto de indemnización.

La información sobre el caso también fue difundida por medios que retomaron el comunicado federal, entre ellos NTCD Noticias, que reportó que las irregularidades estuvieron relacionadas con la solicitud de vales de despensa sin derecho a esa prestación y con el reembolso de gastos que incluían bebidas alcohólicas.

La resolución forma parte de una estrategia más amplia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para sancionar conductas irregulares dentro de la administración pública federal. En agosto, la dependencia informó que el TFJA había impuesto sanciones a 41 personas servidoras públicas, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por más de 22.4 millones de pesos, a partir de investigaciones realizadas por diversos órganos internos de control. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que las personas sancionadas conservan su derecho a impugnar las resoluciones. En caso de que recurran las determinaciones, la dependencia aseguró que defenderá las sanciones con base en la legislación y en las pruebas integradas durante las investigaciones.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a denunciar posibles conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante el portal de denuncias, como parte de las acciones contempladas para fortalecer la ética pública y el combate a la corrupción.