Cien abogados y abogadas iniciaron funciones este lunes como parte de la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, instalada en la plancha del Zócalo capitalino para ofrecer representación legal sin costo a personas afectadas por el despojo de sus propiedades, en un acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Detrás de una escritura hay años de trabajo, hay ahorros, hay recuerdos, hay familias, hay hogar y hay toda una vida de esfuerzo. Nadie tiene derecho a arrebatársela mediante la violencia, el engaño, la falsificación o el abuso”, expresó la mandataria capitalina frente a los primeros beneficiarios del servicio.

El equipo está organizado en cinco grupos multidisciplinarios que cubren las áreas penal, civil, familiar, condominal, constitucional, laboral y ejidal, y atenderá cada lunes a partir de las 16:00 horas. La Fiscalía General de Justicia capitalina se comprometió a restituir los inmuebles en un plazo máximo de 15 días una vez acreditado el despojo, y a judicializar el caso contra los responsables en un periodo de hasta 30 días.

En la operación de la defensoría participan, junto a los abogados adscritos al gobierno capitalino, alumnos de posgrado provenientes de la Ibero y la UNAM, a quienes se suma personal del Tribunal Superior de Justicia local, en un esfuerzo conjunto para atender un delito que, según cifras previas de la Fiscalía, ha derivado en decenas de denuncias durante las primeras semanas de la estrategia.