La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará al Congreso de la Unión una aclaración a la reforma en materia de pensiones a ex funcionarios públicos, aprobada en marzo pasado. El objetivo es establecer un límite claro al monto de las pensiones en función del salario del Ejecutivo, y generar un ahorro a las arcas Federales por hasta 5 mil millones de pesos. “La orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la Presidenta y ahora enviarlo al Congreso para que quede claro para quienes hoy reciben pensión”, precisó la mandataria.
Esta iniciativa de reforma contempla la modificación del artículo 127 constitucional, para establecer el salario del titular del Ejecutivo Federal como monto máximo de la pensión de ex servidores públicos. Esto refuerza el fin de las “pensiones doradas”, propuesto originalmente entre febrero y marzo pasado. La Presidenta dijo que en la reforma enviada originalmente no quedaba claro el monto máximo, por lo que enviará una nueva iniciativa para corregir la imprecisión y ajustar los montos de las pensiones que se pagan actualmente.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, señaló que la reforma original contenía dos conceptos contradictorios respecto de las pensiones de ex funcionarios de dependencias como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Mientras que la reforma original limitaba las pensiones a la mitad del salario de la Presidenta, es decir, unos 70 mil pesos mensuales, esta enmienda aumenta el límite al salario total de Presidencia. Alcalde precisó que este cambio no es un paso atrás en la eliminación de las pensiones doradas, pues “ya nadie puede recibir hasta un millón y medio de pesos mensuales”.
La corrección tiene como fin proteger a las personas pensionadas al tiempo que se eliminan privilegios incongruentes con el tiempo trabajo, según la Consejería Jurídica de la Presidenta. Esta nueva iniciativa se envía tras las protestas de la Alianza Nacional de Jubilados, y de voceros de CFE. PEMEX, Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, quienes solicitaron a la Cámara de Diputados la corrección de la reforma original al 127 constitucional, por considerarla una vulneración de los derechos de las y los trabajadores.
