El gobierno de Donald Trump formalizó este 22 de julio un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita que tendrá una vigencia de 30 años y movilizará decenas de miles de millones de dólares en contratos para empresas estadounidenses, principalmente Westinghouse. El pacto autoriza a compañías de Estados Unidos a construir infraestructura para el desarrollo de energía atómica en el reino, y abre la posibilidad de que Arabia Saudita enriquezca su propio uranio en suelo saudita, sujeto a un estudio conjunto entre ambos gobiernos.

El punto crítico: el acuerdo no exige a Arabia Saudita el llamado ‘estándar de oro’ de no proliferación, que prohíbe el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de plutonio. Ese estándar sí aplica a los Emiratos Arabes Unidos. Al omitirlo, el mismo proceso que produce combustible civil puede, con mayor concentración, emplearse para fabricar armas nucleares.

La preocupación es geopolíticamente concreta. En 2018, el príncipe heredero Mohammed bin Salman advirtió públicamente que si Irán desarrolla un arma nuclear, Arabia Saudita hará lo mismo. El acuerdo se anuncia en un contexto de guerra entre EU e Israel contra Irán y de combates renovados entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Teherán. Los organismos especializados en control nuclear y varias cancillerías europeas, entre ellas las de Alemania y Francia, expresaron preocupación y recordaron la importancia de respetar el Tratado de No Proliferación.

El acuerdo pasa al Congreso con 90 días para una resolución de desaprobación. Trump argumenta que es estratégico para desplazar a China y Rusia del mercado nuclear saudita. Los críticos advierten que el precio puede ser una nueva potencia nuclear en Oriente Medio.