La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el 13 de abril la firma del Pacto contra la Extorsión desde el Centro Cultural del México Contemporáneo. El acuerdo reúne a los tres órdenes de gobierno, el Congreso local, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil en torno a una estrategia común para combatir uno de los delitos que más afectan la vida cotidiana en la capital.

Brugada anunció que el 14 de abril presentará al Congreso local un paquete de reformas al Código Penal para crear el delito de hostigamiento coercitivo, que permitirá perseguir y sancionar con mayor severidad las amenazas vinculadas a la extorsión, incluso cuando no lleguen a consumarse. También se creará un Gabinete Especializado contra la Extorsión, un Centro de Atención Inmediata para recibir denuncias con protocolos de reacción rápida y una Unidad de Criminalística de Proximidad. La estrategia incluye además inhibidores de señal en centros penitenciarios e inteligencia financiera para rastrear recursos ilícitos.

La jefa de Gobierno reconoció que la extorsión sigue siendo un delito subreportado: la ciudadanía tiene miedo de denunciar. Por eso el pacto pone el acento en garantizar protección a víctimas, testigos y denunciantes. La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, fue directa: “Cada denuncia abre una investigación y cada investigación nos acerca a detener a quienes están detrás de estos delitos. No están solos y sí vale la pena denunciar.”

Desde noviembre de 2024, cuando arrancó la estrategia contra la extorsión, se han detenido 335 personas por este delito, un incremento del 45 por ciento respecto a 2025 y del 170 por ciento en comparación con 2019. La Línea Antiextorsión ha recibido más de 4 mil reportes en 17 meses de operación y el 87.5 por ciento de los casos atendidos son intentos fallidos, lo que las autoridades atribuyen a una mayor reacción oportuna de la ciudadanía.