El día de ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)avaló a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con la facultad de bloquear cuentas de usuarios y clientes del sistema bancario que estén bajo sospecha de asociación a delitos de lavado de dinero (o procedencia ilícita) y financiación del terrorismo. Mediante el reconocimiento de validez constitucional del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, la SCJN dejó de lado las objeciones de partidos como PAN, PRI y MC ante esta nueva medida.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió esta facultad de la UIF en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. “La UIF nunca le ha cerrado la cuenta a una persona que no esté implicada en lavado de dinero”, sentenció la mandataria en respuesta a los señalamientos de posible persecución política mediante este recurso legal. Para probarlo, la mandataria explicó que el procedimiento legal de amparo ante esta medida tendrá resolución en un plazo no mayor a seis meses en cada caso.

El artículo 116 Bis 2, avalado por la Suprema Corte, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Investigación Financiera, “podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con delitos señalados”.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se opuso a esta resolución al argumentar que el recurso de bloqueo de cuentas solo debe tener validez constitucional cuando cumple compromisos internacionales, tal como lo determinó la Segunda Sala de la Corte en 2018. Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía enfatizó que, pese a lo declarado, el congelamiento de cuentas por parte de la UIF tiene carácter penal y no solamente administrativo, lo que castiga al individuo con base en una simple sospecha.