Aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva, además de que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, destaca un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD)
El documento titulado “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, sostiene que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad, pues desde el año 2008 esta medida aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros que, lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país.
El estudio apunta que, entre 2020 y 2021 -como consecuencia de la reforma constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio- aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron en el artículo 19 constitucional. Sin embargo, esto no impidió que algunos de estos delitos siguieran aumentando. Por ejemplo, los feminicidios aumentaron un 3.2%, el abuso sexual un 23%, la desaparición forzada un 13% y los delitos electorales lo hicieron en un 557% (en el marco del proceso electoral del año pasado).
En contraparte, de acuerdo con el análisis del IBD, otros delitos han disminuido sin que se les aplique la prisión automática, como el robo de vehículos, el cual entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 disminuyó un 40.4%, según los datos reportados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el caso del robo de combustible, se logró una disminución del 94%, aunque este descenso comenzó antes de la reforma de 2019, por lo que parece obedecer más a la estrategia contra el huachicol implementada por el gobierno federal que a la implementación de la prisión preventiva oficiosa, considera el investigador.
Según el documento, los datos apuntan que, además de las penas privativas de la libertad, existen otros factores que repercuten en la incidencia delictiva y, por tanto, diversas alternativas de intervención pública que deben ser exploradas para disuadir y erradicar las conductas criminales que amenazan la tranquilidad de las personas.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5760
Fuente: Senado de la Republica / Foto: Cortesia
