Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron cambios al dictamen a la minuta por la que se amplía, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

Este proyecto fue aprobado por las y los integrantes de las comisiones con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención.  

La senadora Lucía Meza Guzmán, de Morena, presentó la propuesta para modificar el dictamen que reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.  

Con ello, se plantea establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. 

Este proyecto propone que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

Plantea que el Ejecutivo presentará al Congreso un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de estos informes, a partir del primer semestre del 2023 y hasta la conclusión del plazo señalado, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Dicha comisión, sugieren los cambios, se reunirá cada que la convoque su directiva y si así lo requiere, citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina. 

Las modificaciones establecen que evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de dichos elementos en esas labores. 

De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

Propone que el Senado, al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades de la Guardia Nacional, evaluará la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública, a fin de garantizar que cumpla con sus funciones y concluya con su participación. 

También establece que las y los gobernadores de las entidades federativas remitirán anualmente a las legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, sobre el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. 

El proyecto aprobado plantea que, a partir del ejercicio fiscal 2024, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. 

Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.  

Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales, los titulares de los poderes ejecutivos de los estados establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. 

Al hacer uso de la palabra, de Morena, la senadora Imelda Castro Castro afirmó que hay un esfuerzo importante que no se puede descalificar, ya que atiende los asuntos planteados por la minuta que llegó de la Colegisladora, y establece mayores controles parlamentarios, así como un fondo económico para las policías municipales y estatales.  

Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto, señaló que la propuesta no tiene forma de transitar, porque “no sirve, no vale y no hay más que analizar sobre este proyecto”, pues lo que se tiene que hacer es devolverla y trabajar en una estrategia de seguridad que permita resolver el problema de los mexicanos; “no podemos permitir estas simulaciones con tal de sacar una votación favorable”.  

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó que el escrito que se propone, contiene mejoras respecto del dictamen original, “pero no satisface los mínimos que nosotros habíamos planteado, porque plantean ampliar el plazo vigente, sin vincularlo a un diagnóstico o a un análisis consecuente”. 

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió que las modificaciones representan una simulación, debido a que no atienden el fondo del problema de la inseguridad y no reconoce el fracaso de la política de este gobierno, porque los controles parlamentarios que sugieren son insuficientes y se ignoran las necesidades de las instituciones de seguridad pública locales. 

Raúl Bolaños-Cacho Cué, senador del PVEM, manifestó que las reformas presentan avances sustanciosos, pues añaden la periodicidad semestral de los informes del Ejecutivo federal al Congreso, sobre todo el proporcionar indicadores cuantificables para evaluar los resultados, así como el hecho de que los estados puedan establecer un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública. 

En su oportunidad, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que es necesario construir una legislación que le permita tener mejor y mayor seguridad a la actuación de las Fuerzas Armadas. 

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, dijo que hay voluntad de diálogo, pero la propuesta se quedó corta, aunque tiene mayor control parlamentario, pero el hecho de que la acepten los militares, “es anticonstitucional, yo no soy tropa, soy senador de la República, quiero un poder civil, no un poder militar”.

Fuente: Senado de la Republica / Foto: Cortesia