Colombia cambia postura internacional sobre derechos sexuales y reproductivos
El gobierno de Abelardo de la Espriella se distanció de conceptos respaldados en la ONU y volvió al Consenso de Ginebra; organizaciones defensoras de derechos humanos advierten posibles retrocesos.
El gobierno de Colombia modificó su postura diplomática sobre los derechos sexuales y reproductivos mediante dos decisiones adoptadas en octubre: el distanciamiento de determinadas expresiones sobre género y derechos reproductivos ante Naciones Unidas y la reincorporación del país al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que cuestiona la existencia de un derecho internacional al aborto.
El 7 de octubre, durante la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la delegación colombiana, encabezada por el embajador Álvaro Ayala Meléndez, tomó distancia de la expresión «salud y derechos sexuales y reproductivos», al argumentar que no constituye un lenguaje universalmente acordado ni está definido en tratados internacionales vinculantes. También delimitó su interpretación de conceptos relacionados con el género y la discriminación.}Un día después, el 8 de octubre, la Cancillería colombiana anunció que el país formalizó su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra en la sede de su misión permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington. El embajador Alejandro Ordóñez explicó que la iniciativa reúne a Estados comprometidos con determinados principios sobre la salud de las mujeres y la familia.
El documento sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de promoverlo o facilitarlo. La Cancillería precisó que la adhesión representa un compromiso político y diplomático y no modifica por sí misma la legislación colombiana, de acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El cambio representa una ruptura con la política exterior del gobierno de Gustavo Petro, que retiró a Colombia del Consenso de Ginebra en 2022.
Las decisiones generaron cuestionamientos de especialistas en derechos humanos y organizaciones feministas, que consideran que el cambio diplomático puede debilitar el respaldo internacional de Colombia a la autonomía reproductiva y a la igualdad de género. En un análisis publicado el 7 de octubre, la abogada Juliana Bustamante Reyes, directora de Vértice-Política, Derechos Humanos y Paz, calificó de paradójico que Colombia se distancie de conceptos y compromisos que contribuyó a impulsar en espacios multilaterales. Advirtió que las precisiones presentadas ante la ONU pueden limitar el alcance político de los compromisos internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
Por su parte, María Cecilia Ibáñez, asesora sénior de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, señaló en declaraciones a El Espectador que la adhesión al Consenso de Ginebra genera preocupación por sus implicaciones para los derechos reproductivos, aunque no modifica automáticamente la legislación nacional ni la jurisprudencia vigente.
El giro diplomático abre un debate sobre la continuidad de los compromisos internacionales colombianos en materia de igualdad de género y derechos reproductivos, sin que las decisiones anunciadas impliquen, por sí solas, una modificación de las normas nacionales vigentes.
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