Gobierno refrenda compromiso en contra de la desaparición forzada en México
Gobernación y la SRE recalcaron las acciones emprendidas por el gobierno mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, incluida la investigación de cada caso desde el momento en que se reporta la desaparición.
El Gobierno de México rechazó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras, luego de que cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alertaran sobre la violencia que enfrentan mujeres dedicadas a localizar a familiares desaparecidos.
En un comunicado conjunto difundido el 30 de septiembre de 2026, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que la atención a la desaparición y no localización de personas constituye una de las prioridades nacionales y reiteraron su compromiso con las familias, así como con el diálogo y el acompañamiento a los colectivos de búsqueda.
Las dependencias reconocieron, no obstante, que persisten desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. Añadieron que cada caso es atendido de manera individual y que autoridades federales han recorrido distintas regiones para dialogar con familias buscadoras y organizaciones que las acompañan. Esta postura fue reportada también por Excélsior, que destacó la discrepancia entre el diagnóstico de los expertos internacionales y la posición del Gobierno mexicano.
El Gobierno también precisó que las opiniones de los cuatro especialistas fueron emitidas a título personal e independiente, por lo que no representan la posición institucional de Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU confirmó que el 30 de septiembre los expertos difundieron un pronunciamiento sobre la situación de las mujeres buscadoras en México.
Como parte de su respuesta, Gobernación y Relaciones Exteriores enumeraron 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte de desaparición, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La estrategia fue presentada por Gobernación en agosto pasado como un conjunto de medidas destinadas a mejorar la información disponible, ampliar capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación y fortalecer la coordinación con las familias y las entidades federativas.
El posicionamiento oficial se produjo después de que los expertos de la ONU documentaran agresiones contra personas buscadoras en Sinaloa, incluidos casos de desaparición, ataques y asesinato, y solicitaran al Estado mexicano reforzar su protección. Infobae reportó que el pronunciamiento internacional antecedió directamente a la respuesta conjunta de Gobernación y Relaciones Exteriores.
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