La presidenta Claudia Sheinbaum firmó durante su conferencia matutina un decreto de transparencia que obliga a todas las entidades del Gobierno de México a publicar información adicional sobre sus operaciones y elimina la posibilidad de que los funcionarios públicos decidan de manera discrecional qué documentos se hacen del conocimiento de la ciudadanía. “Con el decreto que firmamos, ya no lo dejamos a decisión de un funcionario público; hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente”, señaló la mandataria.

El decreto organiza la publicación obligatoria de información en cuatro ejes: contrataciones y convenios del Ejecutivo Federal disponibles mensualmente; finanzas, gobierno corporativo y contratos de las filiales de Pemex y CFE; programa anual de fiscalización, observaciones y despachos de auditores; e invitación formal para que gobiernos estatales, municipales y otros poderes se sumen al esquema. La Plataforma Nacional de Transparencia incorporará los nuevos datos en un plazo de 30 días hábiles.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, precisó que actualmente existen 17 fracciones legales mediante las que puede clasificarse información como reservada, y que el decreto busca concentrar esas excepciones únicamente en los criterios que establece la Constitución: el interés público y la seguridad nacional. Incluso para los casos en que la información deba permanecer reservada, la prioridad será elaborar versiones públicas que protejan solo los datos estrictamente confidenciales.

Sheinbaum adelantó que el decreto se convertirá en reforma legal al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, cuando el Ejecutivo enviará una iniciativa para incorporar sus disposiciones a la Ley General de Transparencia. La medida llega en el contexto de la desaparición del INAI, el organismo autónomo que hasta 2024 supervisaba el acceso a la información pública en México, cuyas funciones quedaron distribuidas entre las propias dependencias del gobierno federal.