México logró establecer, a través de las cancillerías de ambos países, un mecanismo por el que Estados Unidos notificará con anticipación cada lanzamiento de cohetes de SpaceX desde su base en Starbase, Texas, y se aplicarán reglas para evitar que los residuos caigan en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno optó por la vía diplomática en lugar de una demanda judicial. “Hasta ahora nos ha funcionado”, dijo.
El resultado más reciente respalda esa estrategia: el lanzamiento de la Starship del 24 de julio no dejó ningún residuo en territorio ni en aguas mexicanas, confirmó el secretario José Merino. La Profepa realizó inspecciones en la zona y no detectó afectaciones. El acuerdo obliga a SpaceX y a las autoridades estadounidenses a informar a México antes de cada despegue, lo que permite al gobierno reforzar la vigilancia en las costas de Tamaulipas.
El problema surgió en 2025 cuando fragmentos de un vehículo de prueba de la Starship cayeron en Playa Bagdad, Matamoros, y en el área del Río Bravo. México anunció en junio de ese año que analizaría acciones legales. Sheinbaum aclaró que esa opción sigue sobre la mesa si el mecanismo diplomático deja de funcionar, pero que la coordinación binacional fue el camino más efectivo para proteger a las comunidades pesqueras y las zonas de conservación de Tamaulipas.
La ONG Conibio Global, que denuncia daños a zonas de protección de tortugas marinas y delfines en las costas fronterizas, realizó su sexta manifestación exigiendo medidas más firmes. Sheinbaum reconoció sus preocupaciones y subrayó que la Profepa mantiene vigilancia permanente. El acuerdo coloca a México en una posición inédita: es el primer país que obtuvo de SpaceX y de EU un compromiso formal de notificación previa y de reglas ambientales vinculadas a sus lanzamientos.
