Un agente del ICE disparó y mató el martes 7 de julio a Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años que llevaba más de tres décadas en Houston, donde fundó su propio negocio de construcción y crio a tres hijos con ciudadanía estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el miércoles que México no se quedará en notas diplomáticas y tomará medidas jurídicas directas en territorio de Estados Unidos.

El canciller Roberto Velasco detalló las dos vías: por un lado, la FGR formalizará denuncias ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia por el caso de Salgado y el de 16 connacionales más muertos bajo custodia o en operativos del ICE desde que Donald Trump relanzó su ofensiva migratoria. Por el otro, México iniciará demandas civiles contra las empresas privadas que operan centros de detención donde han fallecido mexicanos.

Las versiones sobre lo ocurrido divergen. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Salgado intentó huir, golpeó un vehículo federal con el suyo y que el agente disparó para protegerse. La familia lo ve diferente: el hijo mayor explicó que su padre recogía a su cuadrilla cuando fue seguido por camionetas sin identificación, y que pudo haberlas confundido con delincuentes que buscaban robarle las herramientas. No tenía ningún antecedente penal.

Sheinbaum calificó el hecho de “triste y lamentable” y no descartó que los operativos del ICE parezcan “ir dirigidos” contra migrantes mexicanos. Señaló que trabajar para una empresa estadounidense no debería costarle la vida a nadie cuyo único problema es la falta de papeles. Sus hijos pudieron ir a la universidad gracias al trabajo de este hombre. El alcalde de Houston, John Whitmire, también exigió una investigación transparente al margen de las agencias federales.