La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó el 22 de abril la primera etapa de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles: una iniciativa de reforma constitucional que enviará al Congreso de la Ciudad de México. La propuesta establece que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual, eleva a rango constitucional el derecho al arraigo vecinal y crea una Defensoría Inquilinaria para proteger a arrendatarios y arrendadores.

El diagnóstico que sostiene la iniciativa es contundente: cerca de 2 millones de personas viven en renta en la CDMX, uno de cada cuatro capitalinos. En las alcaldías centrales, más del 40 por ciento de los habitantes alquilan su vivienda. Entre 2010 y 2020, el número de personas en esta condición creció en 135 mil. En colonias como Roma Norte, Condesa e Hipódromo, las rentas subieron hasta 118 por ciento en una década, impulsadas por el auge del turismo y las plataformas de hospedaje.

La reforma tiene cuatro ejes. Primero, elevar a rango constitucional que las rentas no suban más que la inflación. Segundo, obligar al gobierno a articular una política integral de vivienda social y ampliar su reserva territorial. Tercero, crear la Defensoría Inquilinaria. Cuarto, reconocer el derecho constitucional al arraigo vecinal e incorporar una política específica contra la gentrificación. Brugada fue enfática: “La iniciativa no pretende vulnerar el principio de propiedad privada”.

La reforma constitucional es la primera etapa. La segunda será la presentación de la ley secundaria con los mecanismos concretos de regulación, incluido un registro de contratos de arrendamiento. Brugada reconoció que el Congreso local tendrá su próximo periodo ordinario en septiembre, por lo que el avance legislativo depende de que se convoque a un periodo extraordinario. La iniciativa responde a las marchas contra la gentrificación registradas en la capital en julio de 2025 y llega en el contexto del Mundial de Futbol 2026.