Tras la publicación del Informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de la Ciudad de México se sumó al rechazo de otras autoridades federales a aceptar los resultados en lo que respecta a la República Mexicana en dicho informe. “Para el Gobierno de la Ciudad de México la política pública de atención a víctimas es una gran prioridad”, se lee en un comunicado difundido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con fecha de 5 de abril de 2026.
En el comunicado, la Jefa de Gobierno cuestionó los resultados de la investigación realizada por el Comité debido a que se basa en hechos desactualizados, correspondientes al periodo 2009-2017, bajo el régimen antiguo de gobierno. Según los señalamientos, la ONU no tomó en cuenta las políticas públicas emprendidas por los últimos dos gobiernos de la Cuarta Transformación, ni incorporó los datos ofrecidos por el Gobierno de México en sus investigaciones.
Entre las medidas empleadas por el Gobierno de México en materia de desaparición forzada, el comunicado de Brugada destaca el incremento del presupuesto federal para la búsqueda de personas no localizadas, la transparencia sobre la información en relación a personas no localizadas, y la homologación de los protocolos de búsqueda. Durante los últimos gobiernos, se crearon la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas no localizadas, la Plataforma Única de Identidad, y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. La ONU califica estas acciones como insuficientes.
Las declaraciones del Gobierno de la capital mexicana se suman al posicionamiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del recién nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quienes negaron la veracidad del Informe de la ONU y presentaron una nueva categorización de los casos de personas desaparecidas en el país, lo que reduce el número de personas desaparecidas
