El reciente caso de violencia digital sufrido por la legisladora de Morena, Andrea Chávez, ha puesto en el centro del debate público la necesidad urgente de regular el uso de la inteligencia artificial (IA) para evitar la creación de contenidos sexuales falsos sin consentimiento. El 9 de octubre de 2024, la senadora denunció públicamente que el caricaturista Antonio Garci Nieto, colaborador del diario El Financiero, había publicado en redes sociales una imagen alterada con su rostro en un contexto sexual explícito, presuntamente manipulado mediante IA. Este hecho expone una problemática creciente en México: la violencia digital de género y la falta de regulación sobre el uso de tecnologías emergentes para fines abusivos.
La denuncia de Chávez es solo el último episodio de una serie de ataques digitales que afectan a miles de mujeres en el país. De acuerdo con la encuesta Mociba 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada diez mujeres de entre 12 y 29 años han sufrido algún tipo de acoso o violencia digital, con un impacto negativo en su salud mental que incluye estrés, miedo e inseguridad. En este contexto, Chávez ha decidido seguir la vía penal, no solo para defenderse personalmente, sino para “sentar un precedente jurídico” en México, país en el que la mayoría de los casos de violencia digital quedan en la impunidad.
La creciente amenaza de la IA en la violencia digital
El uso de la inteligencia artificial en la creación de imágenes y videos falsos ha encendido las alarmas en todo el mundo. En México, este tipo de manipulación ya ha tenido precedentes. Uno de los casos más graves ocurrió en 2023, cuando un estudiante del Instituto Politécnico Nacional alteró más de 100,000 fotografías de mujeres con fines sexuales, utilizando IA para distribuirlas en grupos de Telegram. La ausencia de una legislación específica que regule este tipo de conductas ha permitido que la violencia digital contra las mujeres se perpetúe, con consecuencias devastadoras.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, condenó el ataque contra Andrea Chávez, afirmando que “la violencia de género no puede convertirse en algo normal” y destacó la necesidad de no tergiversar el tema en nombre de la libertad de expresión. A su vez, activistas como Angélica Contreras, especialista en temas de género y tecnología, han subrayado que la libertad de expresión “no puede ser una herramienta para justificar la violencia”. La violencia digital debe ser reconocida como una forma de agresión que requiere una respuesta integral del Estado y las empresas tecnológicas.
La falta de regulación y las lagunas jurídicas
México ha avanzado en la legislación contra la violencia digital, principalmente a través de la Ley Olimpia, que castiga la difusión no consentida de material íntimo. Sin embargo, no existe aún un marco legal que aborde el uso de inteligencia artificial en la creación de este tipo de contenidos. La comunidad internacional ha comenzado a tomar medidas en esta dirección: la Unión Europea aprobó en 2021 un reglamento que establece normas para garantizar que los sistemas de IA respeten los derechos humanos. A nivel regional, Brasil también aprobó un marco legal para la IA. México, sin embargo, aún tiene pendiente regular estas tecnologías emergentes.
En octubre de 2023, la Cámara de Diputados convocó al foro Hacia una Regulación de la Inteligencia Artificial, donde expertos y legisladores discutieron los retos que plantea la creciente accesibilidad de herramientas de IA. Sin embargo, la legislación específica sigue sin materializarse. Contreras señala que “la próxima legislatura tendrá que abordar de manera urgente la regulación de la IA para evitar que se siga utilizando para violentar a las mujeres y otras personas”.
La impunidad y la búsqueda de justicia
El caso de Andrea Chávez pone de relieve otro problema profundo en el sistema judicial mexicano: la impunidad. Según un reporte publicado en La Jornada, de 3,205 carpetas de investigación por violencia digital abiertas desde 2020, solo el 5% han sido judicializadas, lo que deja a miles de víctimas sin justicia. La falta de preparación del personal encargado de investigar estos casos, junto con la ausencia de una infraestructura adecuada para abordar la violencia digital, agrava la situación.
Chávez no está sola en su lucha por la justicia. En sus redes sociales ha señalado que su decisión de denunciar tiene como objetivo proteger a “medio millón de mujeres chihuahuenses” y sentar un precedente para futuras generaciones. No obstante, el caricaturista Garci Nieto ha negado ser el autor de la imagen, argumentando que esta ya circulaba en internet. A través de sus plataformas, calificó la acusación de un “linchamiento y persecución política” y defendió su publicación bajo el amparo de la libertad de expresión.
Hacia una solución integral
La violencia digital de género no es un problema aislado: es parte de una cultura más amplia de machismo y misoginia que persiste tanto en el espacio físico como en el digital. Resolver esta problemática requiere un enfoque integral que incluya la reforma de leyes, la capacitación de las autoridades judiciales y la cooperación de las empresas tecnológicas. Además, es necesario un compromiso social para erradicar la normalización de la violencia y garantizar que las mujeres puedan navegar en internet sin miedo.
El caso de Andrea Chávez es un recordatorio de que la tecnología, cuando no se regula adecuadamente, puede ser utilizada como una herramienta de agresión. Es fundamental que México avance en la creación de un marco legal que proteja a las mujeres de la violencia digital, y que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar que las víctimas obtengan justicia.
Información: La Transformación / Fotos: Cortesía
