Ciudad de Panamá (AFP) – El hastío por el alza del precio del combustible y casos de corrupción institucional amenazan con dinamitar la estabilidad de Panamá, en una de las mayores olas de protestas en el país de las últimas tres décadas.
“El costo de la vida es lo que tiene al pueblo en la calle, el pueblo pide justicia social”, dice a la AFP Sergio Gallegos.
Él es una de las miles de personas que han protestado en las últimas dos semanas para exigir al gobierno que intervenga y contenga los precios de los productos de la canasta básica y las medicinas.
Las protestas han provocado el cierre de escuelas públicas, suspensión del transporte y llamados a huelgas. La oficina de ONU en Panamá llamó a las partes a “buscar consensos”, mientras la iglesia Católica se ofreció a mediar en el conflicto.
En su mayoría, las marchas han sido en un ambiente festivo de bailes y cánticos, aunque la policía informó de la detención este miércoles de 24 personas por “manifestaciones y actos vandálicos” en Ciudad de Panamá.
El descontento se produce en un escenario de 4,2% de inflación interanual registrado en mayo y una tasa de desempleo en torno al 10%. Además, el precio del combustible se incrementó un 47% desde inicios de año, valiendo actualmente 5,17 dólares el galón de gasolina (3,78 litros).
Durante los reclamos se ha cerrado parcialmente la vía Interamericana, ruta vital para la conexión con Costa Rica y el transporte de mercancías a lo largo de Panamá.
La situación ha encendido las alarmas del gobierno y empresarios, que temen pérdidas millonarias y ven amenazados el comercio, el turismo y la reactivación económica tras la pandemia.
“Los problemas no solamente son de un sector. El problema es de todos los panameños que estamos sufriendo”, advierte el indígena y cacique general Guna, Rengifo Navas.
Panamá experimenta así una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense.
“Estamos en un estallido social sin precedentes”, dice a la AFP Enoch Adames, catedrático de Sociología de la Universidad de Panamá.
Las protestas obligaron el lunes al presidente Laurentino Cortizo a reducir el precio del combustible a 3,95 dólares por galón a partir del viernes.
Justicia social
“El descontento es generalizado y el repudio al gobierno es universal”, agrega el politólogo e historiador de la sede panameña de Florida State University, Carlos Guevara-Mann.
Con una economía dolarizada y de servicios, un canal interoceánico -que aporta más de 2.000 millones de dólares anuales al tesoro nacional-, altas tasas de crecimiento económico y alternancia en el poder, Panamá ha vivido una relativa estabilidad desde 1989.
La economía panameña creció un 17,8% en 2021 y un 13,6% en el primer trimestre de 2022.
Sin embargo, el país presenta uno de los mayores índices de desigualdad del mundo, con la mitad del empleo informal y con servicios públicos de salud y educación con grandes deficiencias.
“El estallido social está fuertemente condicionado por la crisis estructural, tanto del modelo de crecimiento sin desarrollo como por un orden político de privilegios altamente concentrado en recursos y en decisiones”, afirma Adames.
“Hay una acumulación de demandas insatisfechas que es lo que ha originado las protestas, pero el detonante ha sido los precios del combustible”, añade por su parte a la AFP Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.
Para Brown, las protestas panameñas son similares, en objetivos, a las que ocurrieron recientemente en Ecuador, Colombia y Chile. “Las podemos ubicar en el contexto del reclamo en toda la región por una mejor distribución de la riqueza”.
“Frustración”
Además de la reducción del precio de la gasolina, Cortizo también se comprometió a congelar el precio de una decena de productos básicos, a reducir los gastos de los funcionarios y a recortar en un 10% la plantilla de trabajadores públicos.
“Cómo él (Cortizo) pretende que con 10 alimentos de la canasta básica que anotó vamos a poder subsistir, es imposible”, lamenta a la AFP la estudiante, Wendy Ramos.
Los sindicatos piden mayores esfuerzos a Cortizo, pese a que la deuda pública acumulada para el 2022 podría superar los 44.000 millones de dólares.
También se han incrementado las críticas contra los sueldos de autoridades, escándalos de corrupción y gastos de los parlamentarios, algunos de los cuales se vieron envueltos en la polémica por un video en el que aparecen celebrando con un whisky cuyo valor bordea los 400 dólares.
“Hay un profundo componente de insatisfacción y frustración social ante la degradación y corrupción de una clase política codiciosa y rapaz”, dice Guevara-Mann.
Las manifestaciones ocurren en momentos en el que Cortizo enfrenta un cáncer en la sangre. Al mandatario le quedan dos años de gestión en medio de la incertidumbre.
Con informacion de: https://www.france24.com//
